La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente N.º 2 de Alto Paraná, presentó acusación contra el responsable de la matadería La Familia–Frigomez, por supuestos hechos punibles contra el medio ambiente, relacionados con el incumplimiento de medidas de mitigación y el manejo presuntamente irregular de residuos generados durante el faenamiento de ganado vacuno.
La investigación se inició tras una denuncia difundida el 17 de febrero de 2026, que alertaba sobre la aparición de sustancias desconocidas en las aguas del río Acaray. La situación generó preocupación entre pobladores de la zona ante una posible afectación del curso hídrico y de la fauna, la flora y la salud humana.
En el marco de las diligencias, una comitiva fiscal allanó el 18 de marzo de 2026 la matadería, ubicada en el km 9 Acaray de Ciudad del Este, a orillas del río Acaray. Durante el procedimiento se constató que el establecimiento se dedicaba al faenamiento de ganado vacuno y contaba con sectores destinados a la limpieza, almacenamiento de estiércol y tratamiento de efluentes líquidos.
Según la Fiscalía, las tres lagunas de estabilización anaeróbicas del establecimiento se encontraban a cielo abierto y no contaban con la impermeabilización mediante geomembranas establecida en el plan ambiental aprobado.
Durante la inspección también se constató el escurrimiento abierto de líquidos provenientes de la limpieza de la planta, con presencia de sangre, grasa y estiércol. Asimismo, los intervinientes observaron un antiguo canal de desagüe que tenía una salida directa hacia las márgenes del río Acaray.
Para el Ministerio Público, estas condiciones evidenciarían deficiencias en el manejo y tratamiento de los efluentes líquidos, pese a las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado en 2025.
Entre los elementos incorporados a la investigación figuran declaraciones testimoniales, informes técnicos y documentaciones de distintas instituciones, además de análisis realizados por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y un informe de la Itaipú Binacional.
También fueron incorporadas actas de procedimientos, informes de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales (DEDA), documentos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), resultados de análisis de muestras y registros de las verificaciones realizadas en el establecimiento.
Con base en estos elementos, la fiscal Ocampos Marín sostuvo que la investigación se encuentra agotada y presentó acusación contra el responsable de la firma. Asimismo, solicitó la admisión de las pruebas y la elevación de la causa a juicio oral y público.
Fuente: Frontera Noticias
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