En una comunicación oficial dirigida a la Bolsa de Valores de Londres, la compañía multinacional de origen británico Atome PLC confirmó este jueves 1 de octubre la cancelación del Contrato de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) suscrito en mayo de 2022 con la Administración Nacional de Electricidad. La decisión alcanza a la reserva de potencia de 145 megavatios (MW) que la firma proyectaba utilizar para el desarrollo de una planta de fertilizantes verdes en la localidad de Villeta, iniciativa con un monto de inversión estimado en USD 665 millones.
La notificación de rescisión se formalizó un día después de que venciera, el miércoles 30 de septiembre, el plazo contractual acordado entre las partes. Según detalló la firma europea, antes de tomar la medida se planteó formalmente a la ANDE la firma de un acuerdo de suspensión temporal (standstill agreement) que permitiera congelar los compromisos mutuos mientras se buscaban alternativas de entendimiento técnico e institucional. Sin embargo, al no alcanzarse un consenso sobre las condiciones de la tregua, la empresa optó por la resolución del contrato con efectividad a finales de 2026, con el fin de resguardarse de eventuales responsabilidades legales o sanciones financieras.
El origen de la controversia responde a disputas alrededor del costo del suministro eléctrico para el segmento electrointensivo. Atome buscaba asegurar un marco contractual a largo plazo con una tarifa fija establecida en USD 30 por megavatio-hora (MWh), parámetro considerado imprescindible por la firma para viabilizar el financiamiento institucional del proyecto. No obstante, la ANDE se mantuvo firme en la aplicación de las disposiciones del Pliego de Tarifas N.° 21, el cual fija un valor aproximado de USD 36 por MWh para el sector, argumentando que vender la energía por debajo de los costos de producción afectaría la estabilidad financiera de la entidad estatal.
Este quiebre contractual se suma a la estrategia legal emprendida por la firma el pasado 17 de septiembre de 2026, fecha en que remitió al Estado paraguayo una Notificación de Disputa e Intención de Reclamación de Arbitraje. La empresa fundamenta su reclamo en la supuesta vulneración de la seguridad jurídica y las garantías del Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Paraguay, derivada de la derogación de decretos ejecutivos que habilitaban tarifas especiales. De no alcanzarse un entendimiento en el periodo de consultas de tres meses, la diferencia podría derivar en una demanda multimillonaria ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
A pesar de la rescisión de la reserva original, desde Atome aclararon que la medida no bloquea la mesa de diálogo con las autoridades del Poder Ejecutivo ni con la ANDE para definir un nuevo PPA sustitutivo que restablezca la viabilidad económica de la fábrica. La multinacional remarcó que el emprendimiento guarda coherencia con las metas de desarrollo sostenible de la República del Paraguay y expresó que una solución satisfactoria reafirmaría el clima de negocios y la previsibilidad para la atracción de capitales extranjeros en el territorio nacional.
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