La sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue escenario de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual contó con la presidencia del canciller nacional paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano. Esta instancia representa uno de los mecanismos políticos de mayor jerarquía del organismo hemisférico, convocado de manera extraordinaria para articular una respuesta multilateral ante el deterioro institucional y las violaciones a los derechos humanos registradas en Nicaragua.
El proyecto de resolución fue promovido originalmente por un bloque integrado por Paraguay, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y República Dominicana. La iniciativa estuvo cerca de no prosperar debido a las reservas expresadas inicialmente por las representaciones diplomáticas de Brasil, México y Uruguay, cuyos gobiernos objetaban ciertos puntos amparándose en el principio de no injerencia. No obstante, una extensa jornada de negociación posibilitó alinear los criterios y alcanzar la aprobación unánime de los Estados participantes.
El documento aprobado establece un catálogo de exigencias directas dirigidas a las autoridades nicaragüenses. Entre los puntos centrales se demanda la liberación incondicional de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas, la divulgación del paradero de los desaparecidos, y la restitución de la nacionalidad y de los derechos civiles a líderes religiosos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos que fueron despojados arbitrariamente de su condición ciudadana.
En el plano institucional, la resolución requiere la devolución de bienes y personerías jurídicas a medios de comunicación, universidades y organizaciones civiles disueltas. Del mismo modo, el pronunciamiento exige dejar sin efecto las reformas constitucionales aprobadas entre 2025 y 2026 que atentan contra la separación de poderes, y demanda fijar condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas con observación internacional independiente, sumado al cese de la cooperación internacional en materia de inteligencia y tecnología utilizada para la vigilancia interna.
Como medida operativa inmediata, los cancilleres acordaron la conformación de un «Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua». Esta comitiva tendrá la responsabilidad de entablar canales de diálogo con los diversos sectores políticos del país y elaborar un informe con recomendaciones concretas en un plazo máximo de 60 días, buscando evitar una mayor consolidación de las estructuras autoritarias en la nación centroamericana.
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