En horas del mediodía de este jueves se reportó un incidente de amenaza con artefacto explosivo en la Sede 1 del Ministerio Público, localizada en la intersección de las calles Luis Alberto de Herrera y Nuestra Señora de la Asunción. El hecho movilizó a efectivos de la Comisaría 3.ª de Asunción tras la activación inmediata del protocolo de emergencia institucional.
De acuerdo con el reporte brindado por el comisario Édgar Caballero, jefe del destacamento interviniente, la alerta ingresó a través de una llamada telefónica dirigida al call center del Ministerio Público, ubicado en el tercer piso del edificio. La comunicación fue derivada posteriormente al interno de la sección de denuncias penales, donde fue atendida por una funcionaria.
Durante la breve conversación telefónica, una persona del sexo masculino afirmó de manera categórica que un artefacto explosivo se encontraba oculto en el subsuelo del inmueble. Tras formular la advertencia, el interlocutor interrumpió la llamada de forma abrupta, lo que encendió de inmediato las alarmas de los encargados de seguridad del recinto estatal.
Ante la gravedad del aviso, los responsables de la sede judicial procedieron a la evacuación ordenada de todos los funcionarios y ciudadanos que se encontraban en el interior del predio. La medida se ejecutó en estricto cumplimiento de los manuales de procedimientos para situaciones de crisis con el objetivo de resguardar la integridad física de las personas.
Paralelamente, se solicitó la presencia de personal especializado de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Al sitio acudieron expertos en manejo de explosivos a cargo del oficial ayudante P.S. Ronald Ocampo, acompañados por guías y canes adiestrados del Departamento K9 para la inspección minuciosa del subsuelo y las áreas circundantes.
Los agentes policiales y del Ministerio Público iniciaron de forma simultánea las averiguaciones correspondientes para rastrear el origen de la llamada telefónica e identificar al responsable de la falsa alarma o amenaza. Los datos recabados en la central de comunicaciones fueron derivados a las unidades de investigación para el seguimiento legal del caso.























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