El Banco Central del Paraguay (BCP) remitió ayer miércoles las respuestas a los pedidos de informe aprobados por la Cámara de Senadores. La documentación contiene datos sobre operaciones de ueno bank, Sudameris, GNB, Continental, Atlas, Familiar e Itaú, además de información relacionada con fusiones, fondos públicos, empresas vinculadas y medidas regulatorias.
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, anunció que el documento fue remitido en un sobre cerrado y firmado por el titular del BCP, debido al deber de secreto que establece la legislación sobre información sensible de clientes y entidades financieras.
Núñez explicó que el sobre será abierto el próximo lunes, durante una reunión de la Mesa Directiva, con la participación de senadores y asesores jurídicos del Congreso. A partir de ese análisis, se establecerá una hoja de ruta para determinar qué información puede hacerse pública, en coordinación con el Banco Central.
“Vamos a poner con siete llaves y le vamos a entregar al secretario general. A lo menos de nuestra parte no se va a filtrar, y la ley es clara”, afirmó el titular del Senado.
El legislador sostuvo que la modificación de la legislación vigente desde 2023 establece que el BCP debe excluir directamente de sus respuestas los datos correspondientes a las operaciones de clientes de entidades financieras, por lo que ya no resulta necesario remitir documentos con información previamente tachada o testada.
La normativa se encuentra establecida en la Ley N.º 7.066, promulgada el 19 de abril de 2023 por el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La ley modificó el artículo 7 de la Ley N.º 489/1995, Orgánica del Banco Central del Paraguay, que había sido modificado previamente por la Ley N.º 6.104/2018.
El cambio introducido en 2023 mantuvo la protección del secreto bancario respecto de las operaciones de los clientes, pero modificó el mecanismo de entrega de información al Congreso. La norma establece que las Cámaras y las comisiones de investigación pueden solicitar información relativa a las entidades financieras, pero no sobre las operaciones de sus clientes, y dispone que el BCP debe arbitrar los mecanismos para excluir esos datos de la documentación remitida.
Anteriormente, bajo la Ley N.º 6.104/2018, el BCP remitía los informes solicitados por el Congreso con la información de terceros testada, es decir, tachada, borrada o suprimida. El propio Banco Central había explicado en 2022 que aplicaba ese procedimiento para resguardar los datos protegidos por el deber de secreto.
Núñez justificó además la decisión de no abrir inmediatamente el sobre y advirtió sobre el riesgo de generar una reacción negativa en el sistema financiero. “¿Qué queremos? ¿Queremos producir una estampida de ahorristas de diferentes bancos? Entonces yo no quiero ser culpable de una especie de terrorismo financiero siendo que no existe”, manifestó.
El presidente del Senado señaló que antes de poner el contenido a consideración de los legisladores necesita contar con un dictamen de los asesores jurídicos para determinar el procedimiento correspondiente.
La Ley N.º 7.066 también establece que el deber de secreto y las responsabilidades derivadas de su incumplimiento se extienden a las instituciones, personas y demás destinatarios que reciban la información protegida.
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