El abogado William Amaral, representante legal de la familia de Daysi Paola Giménez, de 22 años, víctima de feminicidio presuntamente cometido por su expareja, Aldo Duarte, quien permanece prófugo, cuestionó duramente la actuación de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres víctimas de violencia. Aseguró que, pese a los antecedentes y a la denuncia presentada, las medidas de protección no fueron oportunas y que un oficio dirigido al Ministerio Público ni siquiera había sido remitido antes de la muerte de la joven.
En entrevista con Radio 1000, Amaral lamentó la pérdida de quien describió como una joven responsable, disciplinada y con grandes aspiraciones profesionales. Daysi estaba a punto de recibirse de abogada, tenía previsto culminar sus estudios el próximo mes y trabajaba en distintos horarios para sostener económicamente a su madre enferma y a su hermana menor.
El profesional relató que la joven llevaba ocho meses trabajando en su estudio jurídico, donde buscaba adquirir experiencia en litigación. Su rutina comenzaba a las 6:00, con actividades en los juzgados; luego acudía a la oficina y, por la tarde, asistía a la facultad. Posteriormente, cumplía un turno nocturno en un supermercado para cubrir los gastos de su hogar y de su próxima graduación.
Amaral explicó que el 17 de septiembre sus compañeros de oficina le comunicaron que Daysi atravesaba una crisis. Al conocer los antecedentes, decidió acompañarla a presentar la denuncia correspondiente al día siguiente, el 18 de septiembre.
Según su relato, la denuncia debía ser recibida por el Juzgado de Paz de Itá —en la zona donde presuntamente se produjo el hecho, según indicó el abogado—, pero fue derivada al Juzgado de Paz de Lambaré. El profesional cuestionó esta decisión y la posterior demora en el trámite.
Afirmó que recién el 1 de octubre la joven fue convocada para ratificar la denuncia presentada días antes. Posteriormente, el 7 de octubre, el Juzgado de Paz de Lambaré solicitó la remisión de un oficio a la Fiscalía al considerar que los hechos podían tener relevancia penal. Sin embargo, de acuerdo con Amaral, el documento no había sido enviado hasta el momento del feminicidio.
El abogado también cuestionó la actuación del Ministerio Público y sostuvo que los antecedentes ya se encontraban en el sistema judicial, pero no se adoptaron medidas que garantizaran la seguridad de la víctima.
Amaral señaló que Daysi vivía aterrada por su expareja y que incluso le pidió de rodillas que no presentaran directamente una denuncia penal, debido al miedo que le tenía. Según el profesional, el hombre ejercía un control constante sobre sus movimientos y la vigilaba en las inmediaciones de su lugar de trabajo y de estudio.
Entre los episodios previos al crimen, mencionó un procedimiento realizado el 18 de septiembre, cuando una comitiva policial acompañó a la joven para retirar sus pertenencias. En esa ocasión, según la denuncia, Duarte habría embestido con su vehículo contra los agentes policiales y allegados de la víctima antes de darse a la fuga. Días después, habría enviado las pertenencias en un camión de fletes y las dejó frente al domicilio de la joven.
Asimismo, trascendió que el cambio de número telefónico de Daysi, realizado horas antes del ataque, habría desencadenado la agresión mortal. Este dato deberá ser esclarecido en el marco de la investigación.
El representante legal cuestionó la eficacia de las medidas cautelares aplicadas en casos de violencia doméstica y sostuvo que las órdenes de restricción resultan insuficientes cuando existen señales de peligro inminente. A su criterio, las autoridades deben responder con mayor firmeza ante situaciones de riesgo comprobado.
Finalmente, Amaral responsabilizó a las deficiencias y demoras institucionales por la falta de protección efectiva y aseguró que la familia acompañará el proceso judicial para esclarecer lo ocurrido y evitar que el caso quede impune.























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