El abogado William Amaral, empleador de Daysi Paola Giménez (22), víctima de feminicidio a manos de su expareja Aldo Duarte (actualmente prófugo) expresó su profunda indignación ante las deficiencias y la inoperancia de las instituciones encargadas de garantizar la protección a víctimas de violencia de género.
«Los antecedentes fueron en la Fiscalía y la Fiscalía jamás tomó intervención», reveló Amaral en una entrevista a C9N
Además, le atribuyó en primer término al Juzgado de Paz. «Los Juzgados de Paz se toman atribuciones que no están en condiciones de resolver ni cómo vender un kilo de pan. Realmente le digo que es así. Hay Juzgados de Paz que son excelentes, pero este, por lo dicho y visto, estamos ante una caótica performance», apuntó Amaral.
Amaral reveló que la joven vivía bajo constante asedio y aterrada por el agresor.
«Ella nos pidió de rodillas que no hiciéramos la denuncia penal directa por el miedo terrible que le tenía a este sujeto», relató el abogado, quien explicó que, pese a los antecedentes y a las actuaciones remitidas desde el Juzgado de Paz de Lambaré hacia la Fiscalía, las autoridades no tomaron medidas efectivas para salvaguardar su vida.
Según las declaraciones del profesional, el agresor mantenía un control obsesivo sobre la víctima, vigilando sus desplazamientos en las cercanías de su lugar de trabajo y estudio. Un hecho determinante ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando una comitiva policial acompañó a la víctima a retirar sus pertenencias personales.
En esa oportunidad, el agresor embistió con su automóvil contra el personal policial y los allegados de la joven para luego darse a la fuga. Días después, el hombre envió los enseres en un camión de fletes y los abandonó frente al domicilio de la víctima.
Trascendió además que el elemento desencadenante de la agresión mortal habría sido que Daysi cambió su número de teléfono celular horas antes del ataque, privando al agresor del contacto.
El profesional del derecho cuestionó duramente la efectividad de las medidas cautelares habituales en casos de violencia doméstica, señalando que las órdenes de restricción resultan insuficientes cuando el peligro es inminente.
«El sistema no funciona, la protección a las mujeres se ha convertido en un negocio para algunos. Una orden de restricción no detiene a un agresor en la calle y la Policía no tiene capacidad para custodiar a miles de ciudadanos. En casos de riesgo comprobado, la prisión preventiva debería ser obligatoria», enfatizó el abogado.
Finalmente, responsabilizó a la pasividad institucional, señalando de forma particular la demora y falta de firmeza de las actuaciones en el Juzgado de Paz de Lambaré.
Amaral lamentó la pérdida de una joven estudiante a quien describió como ejemplar y dedicada, y aseguró que acompañarán el proceso legal para evitar la impunidad en el caso.
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