La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público presentó su requerimiento conclusivo en la causa que investiga un gigantesco esquema de desfalco dentro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. Los fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres acusaron formalmente a 12 personas y solicitaron ante el fuero penal la elevación de la causa a juicio oral y público.
La acusación fiscal sostiene que entre los años 2019 y 2023 se estructuró un complejo mecanismo sistemático de desvío de recursos públicos correspondientes al rubro 821, asignado para el pago de aportes, jubilaciones y pensiones. El esquema operaba mediante el reingreso irregular de expedientes administrativos pertenecientes a exafiliados que, en realidad, ya habían percibido con anterioridad la devolución total de sus aportes societarios.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, los funcionarios involucrados reingresaban los legajos e iniciaban trámites simulados a espaldas de los verdaderos titulares. Mediante estas gestiones apócrifas, la administración generaba nuevas órdenes de pago y la posterior emisión de cheques duplicados, triplicados e incluso cuadruplicados, los cuales eran endosados de forma fraudulenta para su posterior cobro en ventanillas bancarias por parte de terceros y empleados infieles.
Los resultados de la pericia contable elaborada por el Laboratorio Forense del Ministerio Público determinaron que la cuantía del perjuicio patrimonial infligido a las arcas de la CJPPM asciende a la suma exacta de G. 11.789.516.891. Las inspecciones periciales detectaron un total de 486 cheques cobrados de forma totalmente irregular, afectando la identidad registrada de al menos 285 exafiliados de la entidad previsional.
Entre los hallazgos más graves detectados por el equipo investigador, se constataron múltiples expedientes donde las órdenes de pago y la posterior liberación de los valores bancarios se emitieron a nombre de personas que ya habían fallecido tiempo antes de la tramitación de las solicitudes ficticias, lo que ratifica el grado de vulneración y manipulación de los controles internos institucionales.
El escrito conclusivo fue radicado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital. En la audiencia preliminar, el juez de la causa deberá expedirse sobre la admisibilidad de las pruebas colectadas por la Fiscalía y resolver si dispone el juzgamiento de las 12 personas acusadas ante un Tribunal de Sentencia.
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