Un Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá impuso penas de cinco y dos años de prisión, respectivamente, a Selva Portillo Rodas, alias «Selva Hũ», y a su esposo, Gustavo Franco, exconcejal de Villa Ygatimi, por tenencia y tráfico internacional de estupefacientes, además de transgresión a la Ley de Armas.
El fallo fue dictado por el colegiado integrado por Gustavo Villaverde, como presidente, y Benito González y Cinthia Espínola, como miembros. La decisión se apartó de las penas solicitadas por el Ministerio Público, que había requerido 12 años de cárcel para Portillo y 10 años para Franco.
Espínola votó en disidencia y consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía justificaban las condenas solicitadas. Sin embargo, la mayoría del tribunal resolvió aplicar penas considerablemente menores, calificadas como mínimas por fuentes del Ministerio Público, en atención a la gravedad de los hechos.
El caso se remonta al 24 de agosto de 2024, cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron a Selva Portillo, a su esposo y a otras personas durante un procedimiento realizado en Villa Ygatimi.
Los sospechosos se desplazaban en una camioneta blindada en cuyo interior los intervinientes encontraron un fusil BCM4 calibre 5,56, con un cargador de 30 cartuchos, además de dos pistolas de 9 milímetros con sus respectivos cargadores y municiones.
Durante el procedimiento también fueron incautados, en una vivienda, 92 proyectiles calibre 7,62, otros 175 calibre 5,56 y 46 calibre 9 milímetros.
A esto se sumó el hallazgo de 21 kilos de marihuana, además de hachís y marihuana prensada distribuida en pequeñas porciones.
La decisión judicial abre un debate sobre la proporcionalidad de las condenas frente a la gravedad de los elementos incautados y los delitos juzgados.
Mientras la Fiscalía había solicitado penas de hasta 12 años de prisión, el tribunal impuso cinco años a Portillo y apenas dos a Franco. La jueza Espínola sostuvo, con su voto en disidencia, que correspondía aplicar las sanciones requeridas por el Ministerio Público.
Fuentes fiscales cuestionaron la magnitud de las penas y señalaron el contraste con condenas impuestas en otros casos vinculados con el tráfico de drogas, incluso en hechos de menor escala.
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