La Cámara de Diputados dio luz verde a un requerimiento de control parlamentario centrado en la fiscalización de las herramientas tecnológicas de seguridad ciudadana. A través de la aprobación de un proyecto de resolución, el pleno legislativo emplazó formalmente al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior a remitir datos precisos sobre el estado actual y el funcionamiento del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC).
La iniciativa, promovida por la legisladora Alexandra Zena, se enmarca en la aplicación de la Ley N.º 5863/17 y su modificación aprobada mediante la Ley N.º 7270/24. El documento requiere la remisión de un desglose cronológico y administrativo de las licitaciones, especificando el monto adjudicado al consorcio privado, la modalidad contractual elegida y el stock de tobilleras puestas a disposición del sistema de justicia.
Entre los aspectos técnicos solicitados, el Ministerio del Interior deberá transparentar la marca, modelo y tiempo de vida útil estimado de los equipos en uso. Asimismo, la Cámara Baja exigió el número exacto de tobilleras electrónicas que se encuentran operativas en el territorio nacional, desglosadas por departamento, distrito, nivel de gravedad de los casos procesales y la carátula judicial de cada beneficiario.
Un eje central de la solicitud radica en la evaluación de la fiabilidad técnica del sistema. Diputados requirió el historial de alertas, falsas alarmas o fallas de transmisión detectadas por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) en zonas de cobertura crítica, además del protocolo de reacción desplegado por las patrullas de la Policía Nacional ante eventuales intentos de manipulación o corte del dispositivo.
En sus fundamentos, la diputada proyectista remarcó que el seguimiento riguroso resulta indispensable para garantizar que las tobilleras cumplan con su doble propósito: descongestionar la crisis del sistema penitenciario mediante el arresto domiciliario y brindar una protección efectiva a las víctimas de violencia. “Como representantes del pueblo, es nuestro deber constitucional velar por la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de estas adquisiciones”, subrayó el documento.
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