El director general del Sistema 911, Omar Cubas, explicó que el uso de tobilleras electrónicas en Paraguay se implementa por disposición judicial y que el costo mensual del dispositivo, de G. 2.006.600, deberá ser cubierto por el beneficiario cuando se determine que cuenta con solvencia económica.
En entrevista con Radio 1000, Cubas señaló que el juez de cada causa establece si la persona debe asumir el pago o si corresponde exonerarla por insolvencia. Para demostrar que no cuenta con recursos suficientes, el beneficiario debe presentar una declaración jurada respaldada por dos testigos.
El funcionario aclaró que percibir ingresos no implica necesariamente contar con capacidad económica para afrontar el costo del dispositivo. Como ejemplo, mencionó el caso de una persona que gana G. 4.500.000 mensuales y que, pese a cubrir sus gastos cotidianos, podría no estar en condiciones de destinar otros G. 2.006.600 al monitoreo electrónico.
Cubas indicó que el mecanismo busca evitar que las personas sin capacidad económica queden obligadas a asumir un gasto que no pueden afrontar. También respondió a los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para financiar estos dispositivos.
Según explicó, mantener a una persona privada de libertad representa para el Estado un costo mensual estimado de entre G. 3.500.000 y G. 4.000.000, de acuerdo con datos analizados junto con el Ministerio de Justicia.
En ese sentido, sostuvo que la aplicación de tobilleras electrónicas, cuando es dispuesta judicialmente, puede contribuir a reducir los gastos estatales y aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, en los casos en que los jueces consideren viable esta medida.
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