La Corte Suprema de Justicia formuló una denuncia penal ante el Ministerio Público con el fin de investigar el origen y la autoría de un correo electrónico que contenía explícitas amenazas contra el Palacio de Justicia y otras dependencias estatales.
La comunicación intimidatoria ingresó a través del sistema de la Secretaría General de la Corte Suprema, activando de inmediato las alarmas institucionales. Ante el tenor de los escritos, las autoridades judiciales procedieron al resguardo técnico del mensaje y notificaron a la Fiscalía para la intervención de las unidades especializadas en cibercrimen y delitos conexos.
En forma paralela a la acción legal, la CSJ ordenó el fortalecimiento inmediato de las acciones preventivas de seguridad en la sede central del Palacio de Justicia y sus filiales. El personal encargado del resguardo institucional incrementó las tareas de inspección, verificación perimetral y supervisión de accesos para blindar la infraestructura edilicia.
La intensificación de los controles busca resguardar la integridad física de los magistrados, agentes del Ministerio de la Defensa Pública, profesionales del derecho y los miles de ciudadanos que concurren cotidianamente a gestionar diversos trámites y audiencias ante los juzgados y tribunales de la República.
Desde la máxima instancia judicial enfatizaron que el funcionamiento del servicio público de justicia se mantiene bajo un esquema de alta vigilancia operativa en coordinación con la Policía Nacional. Asimismo, se aclaró que cualquier medida excepcional que pudiera incidir en el normal desarrollo de las actividades judiciales será dada a conocer de forma oportuna y exclusiva a través de los canales de comunicación oficiales.
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