La Justicia del estado de Florida dio un paso sin precedentes para responsabilizar a la cúpula del régimen cubano por crímenes pasados. La jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Miami, Ariana Fajardo Orshan, autorizó una orden de arresto estatal y sin fianza contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, por su implicación directa en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido casi 30 años atrás.
La causa penal abierta por la Fiscalía de Florida atribuye al exmandatario de 95 años el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando cazas MİG de la Fuerza Aérea de Cuba pulverizaron en el aire dos aeronaves pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate, provocando la muerte inmediata de cuatro ocupantes.
De acuerdo con los documentos jurados presentados ante el tribunal, la operación militar se ejecutó en coordinación con una red de espionaje cubana que operaba clandestinamente desde las ciudades de Miami y Cayo Hueso. Los agentes infiltrados recopilaron información logística y transmitieron a La Habana los planes de vuelo de la organización dedicada a rescatar a balseros que huían de la isla por vía marítima.
La acusación estatal sostiene que Raúl Castro, en su condición de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en aquel momento, acordó la maniobra y emitió la orden final para abatir las naves no armadas sobre aguas internacionales, conclusión ratificada en su momento por informes de las Naciones Unidas y organismos de aviación civil.
Durante una conferencia de prensa brindada en la Universidad Internacional de Florida, el fiscal general del estado, James Uthmeier, remarcó que las familias de las víctimas han esperado demasiado tiempo por una respuesta de la ley. «No se trató de un accidente, sino de un asesinato. Raúl Castro ordenó la muerte de cuatro personas a sangre fría y Florida no se detendrá hasta lograr la rendición de cuentas», aseveró el funcionario.
La medida judicial en el fuero estatal se suma a los cargos federales que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó contra Castro en mayo pasado. El avance procesal coincide con un periodo de acentuada presión política del Gobierno estadounidense sobre el régimen de la isla y fija un precedente para la eventual detención del exjefe de Estado en caso de que abandone el territorio cubano.
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