Las relaciones bilaterales entre la República del Paraguay y los Estados Unidos alcanzaron un hito en materia de defensa, economía y combate al crimen transnacional. Tras tres jornadas de reuniones entre el presidente de la República, Santiago Peña, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano y altas autoridades del Departamento de Estado norteamericano, se oficializó un histórico paquete de cooperación multilateral.
En el área de lucha contra el crimen organizado y financiamiento del terrorismo, el Secretario de Estado Adjunto, Juan Pablo Segura, confirmó el envío de USD 6,25 millones en ayuda bilateral en materia de seguridad, a los que se suman otros USD 5,5 millones destinados a fortalecer el nuevo centro antiterrorista, las pruebas digitales y la seguridad fronteriza, totalizando USD 11,75 millones en cooperación exterior.
Entre los anuncios más relevantes figura la instalación por primera vez de una sección operativa de la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en la ciudad de Asunción, establecimiento que servirá adicionalmente como sede y centro regional de coordinación de programas para todo el Cono Sur. Asimismo, Washington enviará a la capital paraguaya a un asesor antiterrorista permanente, constituyendo la primera posición de este tipo creada por la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado para la región.
En materia de defensa de la soberanía territorial y control de fronteras, el vicesecretario Christopher Landau y el ministro de Relaciones Exteriores firmaron un acuerdo de asistencia en interceptación aérea para rastrear y neutralizar vuelos clandestinos del narcotráfico. Además, se suscribió un memorando para desplegar en los puestos migratorios del país el sistema de gestión fronteriza y control de pasajeros PISCES (Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System).
El componente económico de la misión dejó acuerdos de inversión privada sin precedentes. La estadounidense Crusoe y la firma local Araico formalizaron una alianza estratégica para la construcción de un complejo de infraestructura de superinteligencia alimentado directamente por la energía renovable de la Entidad Binacional Itaipú, cuya primera fase operará en 2027. A esto se suma el compromiso de Uranium Energy Corp (UEC) de destinar USD 12 millones para el desarrollo de concesiones de uranio en suelo nacional.
Por último, ambas administraciones anunciaron la apertura de negociaciones para la firma del denominado «Acuerdo 123» en virtud de la Ley de Energía Atómica de EE. UU. Dicho instrumento normativo establecerá el marco jurídico bilateral para la transferencia y exportación de tecnología, equipos y materiales para la cooperación nuclear con fines civiles, bajo los más altos estándares internacionales de seguridad y no proliferación.
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