El juez penal especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, dispuso remitir al Ministerio Público los antecedentes de un caso para investigar un presunto desacato por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), ante el incumplimiento de una orden judicial que exigía la provisión de un medicamento a un paciente de 72 años con fibrosis pulmonar idiopática.
El beneficiario, Pedro Enrique Acuña, necesita con urgencia Pirfenidona de 267 mg, en una cantidad de 12 cajas para cubrir un año de tratamiento, según la prescripción de la médica especialista Leticia Maldonado, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Ambientales (INERAM).
La acción de amparo constitucional fue promovida por la Defensoría del Pueblo, a través del abogado Rafael Luis Ávila Macke, ante la falta de disponibilidad del medicamento en los depósitos estatales, las demoras en los procesos de licitación y la limitada capacidad económica del paciente para costear el tratamiento.
Mediante la Sentencia Definitiva N.º 19, del 6 de julio de 2026, el juzgado ordenó a la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud agotar los trámites necesarios para garantizar la provisión del fármaco.
La resolución se fundamentó en los derechos constitucionales a la vida y a la salud, establecidos en los artículos 4 y 68 de la Constitución Nacional, así como en la Ley N.º 7600/2025, relativa a la protección de las personas adultas mayores.
Fiscalía investigará un posible desacato
Durante el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, el representante del Ministerio de Salud, abogado Omar Valdez Alcaraz, presentó un informe en el que expuso las gestiones iniciadas para adquirir los comprimidos.
Sin embargo, el juzgado constató que en el expediente no existe documentación que acredite que el medicamento haya sido efectivamente entregado al paciente.
Ante esta situación, el magistrado hizo efectivo el apercibimiento notificado el 23 de octubre de 2026 y ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para investigar la posible comisión del delito de desacato.
La investigación se enmarca en la Ley N.º 4711/12, que sanciona el desacato de una orden judicial, en concordancia con el artículo 584 del Código Procesal Civil, con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades de las autoridades y los funcionarios involucrados.
El caso pone nuevamente en evidencia las dificultades para garantizar el acceso oportuno a medicamentos de alto costo para pacientes con enfermedades graves, incluso cuando existe una orden judicial que dispone su provisión.
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