El Ministerio Público realizó un procedimiento en la sede del Ministerio de Justicia para recabar documentos y grabaciones del circuito cerrado relacionados con presuntas irregularidades en la ubicación de personas privadas de libertad en la Penitenciaría de Emboscada. Las autoridades aclararon que no se trató de un allanamiento, sino de una constitución fiscal autorizada por el ministro Rodrigo Nicora.
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó en conferencia de prensa que la agente fiscal Fabiola Sosa solicitó documentación y registros audiovisuales para avanzar en la investigación sobre la fuga de internos y la permanencia irregular de otros reclusos en el módulo 7, planta alta.
Maciel precisó que la fuga se produjo en la celda 10 de la planta baja, mientras que las presuntas irregularidades de ubicación afectan a un grupo de aproximadamente siete personas privadas de libertad que ocupaban otro sector del establecimiento.
El viceministro reconoció que existían diferencias en las condiciones de algunos internos, quienes tenían acceso a electrodomésticos como ventiladores, una freidora de aire y una hervidora eléctrica, elementos que no estaban disponibles para otros reclusos.
Aunque señaló que el sistema de recompensas penitenciarias permite determinados beneficios según la conducta de los internos, aclaró que estos no deben implicar el uso de instalaciones eléctricas no habilitadas ni condiciones contrarias a las disposiciones vigentes.
“En ese sentido, sí hay una diferencia”, admitió Maciel, quien también reconoció que los internos no debían estar ubicados en ese sector. No obstante, sostuvo que las instalaciones distan de las denominadas celdas VIP que suelen observarse en otras penitenciarías, debido a las características edilicias del establecimiento.
Por su parte, el ministro Rodrigo Nicora, en declaraciones al diario ABC Color, afirmó que las dependencias de la institución están sometidas a revisión y auditoría, y negó que existan privilegios para obstaculizar las investigaciones. Asimismo, aseguró que tanto los funcionarios como las autoridades están sujetos a los controles correspondientes para determinar eventuales responsabilidades.
El secretario de Estado también fue consultado sobre supuestos vínculos entre un estudio jurídico y las defensas de internos que habrían gozado de mayores beneficios. Al respecto, señaló que no existe una correlación irregular comprobada y que la investigación deberá esclarecer los hechos.
Finalmente, Nicora confirmó que mantiene la coordinación con la Fiscalía y anunció que asumiría el nuevo director general de Establecimientos Penitenciarios, una vez firmado el decreto correspondiente.
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