El exdiputado Orlando Arévalo promovió una denuncia penal ante el Ministerio Público contra tres agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y un perito informático de la Policía Nacional, tras acusar la comisión de severas irregularidades en el manejo de pruebas electrónicas vinculadas a la causa del difunto exdiputado Eulalio «Lalo» Gomes.
La acción penal salpica de manera directa al Suboficial Inspector Carlos Javier Orue, perito del Departamento contra el Crimen Organizado y Transnacional de la Policía Nacional, así como a los agentes fiscales Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdez.
De acuerdo con los términos del escrito presentado por Arévalo, el perito Carlos Javier Orue habría extraído información del teléfono celular del excongresista el 22 de agosto de 2024 —tres días después de su fallecimiento en un procedimiento policial en Pedro Juan Caballero— sin contar con la correspondiente autorización de un juez de garantías.
La denuncia señala que Orue incurrió en los presuntos delitos de producción de documentos públicos de contenido falso, quebrantamiento de depósito y acceso indebido a datos, al haber consignado en su dictamen técnico que la extracción se ejecutó tras la emisión del Auto Interlocutorio N.º 469 del 5 de diciembre de 2024, cuando la diligencia en realidad habría sido efectuada meses antes de dicha orden.
Con relación a los agentes fiscales Cabrera, Piñánez y Valdez, la acción abarca supuestos hechos punibles de uso de documento público de contenido falso, persecución de inocentes, frustración de la persecución penal y prevaricato en grado de complicidad funcional.
El denunciante argumenta que los representantes del Ministerio Público incorporaron formalmente al expediente informes basados en una cadena de custodia inexistente, sosteniendo requerimientos penales con base en “filtraciones express” y conversaciones telefónicas que habrían sido obtenidas al margen de las garantías constitucionales.
El escrito afirma que los agentes fiscales actuaron a sabiendas de la nulidad de las evidencias y omitieron investigar de oficio las irregularidades cometidas durante la pericia, solicitando la apertura de una investigación penal para deslindar responsabilidades institucionales.
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