La Fiscalía solicitó al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos que confirme la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez Villasanti, procesado en la causa que investiga presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank. El Ministerio Público respondió al recurso presentado por la defensa del empresario, que busca sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.
Los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbetta y Yeimy Adle contestaron el traslado de la apelación y solicitaron ratificar el Auto Interlocutorio N.º 359, dictado el pasado 5 de noviembre por el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia, que ordenó la prisión preventiva del imputado.
La defensa técnica, ejercida por los abogados Víctor Dante Gulino Ocampo y Álvaro Cáceres Alsina, cuestionó la resolución judicial al considerar que carece de fundamentación suficiente y que no se reúnen los presupuestos establecidos en el artículo 242 del Código Procesal Penal para justificar la medida cautelar más gravosa.
Entre sus argumentos, los abogados señalaron que Vázquez Villasanti se presentó voluntariamente ante las autoridades judiciales al tomar conocimiento de la investigación. También invocaron su arraigo familiar, laboral y patrimonial, mencionando que tiene un matrimonio de 12 años, tres hijos menores de edad y una trayectoria profesional en el país.
Como alternativa a la prisión preventiva, solicitaron el arresto domiciliario con control mediante tobillera electrónica y ofrecieron como caución real dos inmuebles ubicados en San Bernardino, pertenecientes al padre del procesado, cuyo valor conjunto fue estimado en G. 2.925 millones.
Sin embargo, el Ministerio Público rechazó estos planteamientos y sostuvo que el peligro de fuga está suficientemente acreditado. Para fundamentar su postura, los fiscales señalaron la posición que ocupaba el empresario dentro de la estructura societaria investigada, su vinculación con las empresas receptoras de los fondos y la magnitud económica de las operaciones crediticias presuntamente irregulares.
La Fiscalía también hizo referencia a los ingresos mensuales declarados por el procesado, que rondarían los G. 170 millones, como otro elemento que debe ser considerado al evaluar el riesgo de fuga.
Respecto a los inmuebles ofrecidos como garantía, los representantes del Ministerio Público cuestionaron su idoneidad, debido a que la defensa no habría presentado los certificados definitivos de condiciones de dominio que permitan verificar la inexistencia de gravámenes o restricciones. Además, señalaron que tampoco consta la formalización del consentimiento del titular registral para constituir la caución.
Por otra parte, los fiscales sostuvieron que, una vez acreditado objetivamente el peligro de fuga, la normativa procesal no exige demostrar de manera simultánea un peligro autónomo de obstrucción de la investigación para justificar la prisión preventiva.
Con estos argumentos, el Ministerio Público solicitó el rechazo de la apelación presentada por la defensa y la confirmación de la resolución que mantiene a Federico Miguel Vázquez Villasanti en prisión preventiva.
Ahora, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos deberá analizar los argumentos de ambas partes y resolver si confirma la medida cautelar o dispone su sustitución por otras alternativas.
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