Los gremios de la producción, la industria, el comercio, los servicios y diversas organizaciones de la sociedad civil dirigieron una nota oficial al presidente de la República, Pedro Alliana, en la que advierten que el Paraguay atraviesa un momento decisivo e instan a aplicar un rigor técnico estricto para preservar el grado de inversión del país. En el documento, los sectores económicos remarcan que las fallas de control e impunidad originadas tras la crisis de ueno bank S.A. deben ser investigadas y sancionadas penalmente, subrayando que la nación no tiene margen para postergar las reformas institucionales indispensables.
El punto neurálgico del reclamo empresarial se centra en la exigencia de una reformulación integral del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, al considerar que la propuesta elevada al Congreso Nacional no refleja la realidad económica ni contempla las secuelas del descalabro bancario. Según las estimaciones de los gremios, el impacto de la resolución financiera afectó a casi tres millones de ahorristas y generó un perjuicio a las arcas públicas de entre el 1,5% y el 2% del PIB, provocando la desaceleración del comercio, el riesgo de quiebra en las pequeñas empresas y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo formales.
Para corregir el rumbo de las finanzas del Estado, las organizaciones demandan recortar de inmediato el gasto corriente improductivo, suspender aumentos salariales injustificados y eliminar los desembolsos en pasajes, viáticos, catering y seguros médicos privados en la función pública. Asimismo, solicitan reasignar prioritariamente los recursos públicos a los sistemas de salud pública, seguridad ciudadana y educación, condicionando los programas de subsidios a la demostración rigurosa de resultados institucionales.
En el plano financiero y previsional, el documento remitido al presidente Pedro Alliana plantea establecer mecanismos legales para que los activos decomisados y liquidados por la Senabico sean destinados al resarcimiento de los ahorristas que no quedaron cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. De igual modo, exigen la reforma urgente de la Caja Fiscal, la puesta en marcha de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y la creación por ley de un registro público actualizado diariamente que identifique los bancos depositarios, montos y plazos de los fondos pertenecientes a todas las entidades estatales.
Finalmente, el sector privado asumió el compromiso de acompañar el proceso de recuperación mediante la atracción de nuevas inversiones, el fortalecimiento de la transparencia corporativa y el ejercicio activo de la veeduría ciudadana sobre los procesos de licitación pública. Los gremios enfatizaron que la impunidad destruye la economía nacional y llamaron a las autoridades del Poder Ejecutivo a actuar con la celeridad que la coyuntura exige.
Entre los firmantes más resaltantes se encuentran la Unión Industrial Paraguaya, la Asociación Rural del Paraguay, Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, el Centro de Importadores del Paraguay, la Cámara de Anunciantes del Paraguay, el Club de Ejecutivos, ASOBAN, ABAFI, entre otra varias organizaciones.























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