El Ministerio Público formuló imputación contra el exsuperintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza en su modalidad especialmente grave en calidad de autor, solicitando al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos que decrete su prisión preventiva. El requerimiento fue presentado este jueves 12 de noviembre de 2026 por el equipo de agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) —integrado por Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdez— tras concretarse la detención del exfuncionario, quien permanece recluido en el Departamento de Investigación de Delitos.
Según el relato fiscal en la causa penal, Insfrán habría quebrantado su deber legal de garante sobre la integridad del sistema financiero y la protección del Fondo de Garantía de Depósitos. La investigación sostiene que en abril de 2026 tomó conocimiento formal de que ueno bank S.A. mantenía excesos continuados en los límites de crédito con el Grupo de Personas Vinculadas N.º 1.535 —conformado por Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A.— por más de G. 743.000 millones, superando ampliamente el tope legal del 20 % del patrimonio efectivo.
Pese a que la Ley N.º 2334/03 lo obligaba a exigir un plan de regularización y aplicar una multa solidaria, el exsuperintendente dio por subsanada la infracción en junio de 2026. Para simular dicho encuadre, el banco habría ejecutado una triangulación financiera otorgando créditos puente por decenas de millones de dólares y guaraníes a sociedades relacionadas, recursos que fueron canalizados hacia la firma Vinanzas S.A. para que esta comprara la cartera excedida por más de USD 74 millones.
La Fiscalía señala además que Insfrán encubrió alertas técnicas internas al retener durante dos semanas un memorando de la Gerencia de Supervisión que advertía que la operación con Vinanzas S.A. era simulada y recomendaba rechazarla, reenviándolo únicamente por correo electrónico al entonces presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, sin elevarlo formalmente al Directorio en pleno. Incluso tras un informe de agosto que calificó la maniobra como una «operación prohibida», el exregulador omitió suspender las operaciones pasivas, permitiendo que la entidad lanzara agresivas campañas de captación de depósitos hasta su resolución el 2 de noviembre.
El perjuicio patrimonial preliminar atribuido compromete los ahorros privados, los recursos del FGD y multimillonarios fondos públicos y previsionales depositados por instituciones como el IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE y diversas cajas jubilatorias, que superaban los 3,6 billones de guaraníes y los USD 233 millones. Ante la expectativa de pena de hasta diez años de cárcel y el peligro de fuga, los fiscales solicitaron también la inhibición general de enajenar y gravar bienes, el congelamiento de sus cuentas y activos financieros, y un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo en un expediente donde también figuran imputados el expresidente Santiago Peña y Carlos Carvallo Spalding.
Discussion about this post