Un equipo de siete agentes fiscales del Ministerio Público formuló este viernes una nueva acta de imputación contra el expresidente de la República, Santiago Peña, el extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y otras cuatro altas exautoridades del ente regulador financiero, en el marco de la causa que investiga el colapso de ueno bank S.A. La pesquisa gira en torno al presunto montaje de una estructura criminal dentro del Estado para encubrir la insolvencia de la entidad y blindar al conglomerado Grupo Vázquez.
Además de Peña y Carvallo, el proceso penal alcanza al exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán Ibarrola, y a los exmiembros titulares del Directorio del BCP: Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krause y Miguel Ángel Mora. Tras hacerse efectiva la orden fiscal, estos tres últimos exdirectores fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos en la sede del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional.
De acuerdo con el relato fiscal, Peña habría encabezado una organización jerárquica inserta en el aparato estatal para subordinar el sistema financiero a los intereses del Grupo Vázquez, conglomerado con el que mantenía vínculos patrimoniales previos. El documento sostiene que el entonces jefe de Estado mantuvo reuniones periódicas en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga con Federico Vázquez, presidente del grupo empresarial, donde presuntamente recibió USD 200.000 en efectivo en sobres a cambio de impartir directivas para evitar la intervención del banco.
Para ejecutar dicho blindaje, se habrían ubicado personas de confianza en puestos clave de supervisión. Entre junio y octubre de 2026, las autoridades del BCP ignoraron reiteradas alertas técnicas internas sobre el grave deterioro patrimonial de ueno bank y validaron maniobras irregulares, como la simulación de una venta de cartera a Vinanzas S.A. por más de USD 74,4 millones financiada indirectamente por el propio banco. Asimismo, la Fiscalía detalla que en octubre pasado, en reuniones reservadas, Marco Aurelio González —junto a Carvallo, Insfrán y el director jurídico Aldo Rodríguez— adulteró un informe técnico solicitado por la Cámara de Senadores (Nota BCP/P N.º 016), suprimiendo las advertencias de insolvencia para afirmar falsamente ante el Congreso que los excesos crediticios habían sido subsanados.
La omisión de medidas cautelares permitió que la entidad lanzara agresivas campañas de captación de depósitos y Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, fecha en que finalmente se declaró su resolución al caer su solvencia por debajo de la mitad del mínimo legal. Según el Ministerio Público, esta dilación generó un multimillonario menoscabo al Fondo de Garantía de Depósitos y comprometió fondos públicos y previsionales por más de G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
En cuanto a la calificación jurídica, a Peña, Carvallo e Insfrán se les atribuye el hecho punible de asociación criminal, mientras que los tres exdirectores del BCP enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal —sumándose para Marco Aurelio González producción y uso de documentos públicos de contenido falso—, con una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel. Dado que Peña y Carvallo ya cuentan con medidas cautelares previas en la causa, los fiscales solicitaron prisión preventiva para González Maldonado, arresto domiciliario con tobillera electrónica para Caballero Krause y Mora, la inhibición general de bienes y bloqueo de cuentas bancarias para los tres, y un plazo de seis meses para concluir la investigación.






















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