Al término de una reunión celebrada entre la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados —encabezada por su titular, Raúl Latorre—, la ministra de Trabajo y representantes de trabajadores afectados, los diputados Rocío Vallejo, Raúl Benítez y Daniel Centurión anunciaron la instalación de una mesa de trabajo de emergencia para buscar soluciones inmediatas a cerca de 3.600 empleados vinculados a ueno bank y empresas del Grupo Vázquez.
Durante su intervención ante la prensa, la diputada Rocío Vallejo expuso la crítica situación de distintos grupos de trabajadores que quedaron sin ingresos hace quince días. Señaló el caso de más de 200 exempleados de Visión Banco reubicados en el grupo Wepa —quienes prestaban servicios directos al banco y aportaban a la Caja Bancaria—, así como el personal de firmas como ITI, Kaitel y otras compañías del conglomerado.
Vallejo denunció además la situación particular de 26 exfuncionarios de Visión Banco con entre 29 y 32 años de antigüedad, a quienes presuntamente se les otorgaron cargos gerenciales en los papeles sin funciones reales para evitar el pago de sus liquidaciones: “Hoy no están cobrando, no pueden retirar sus depósitos y la ley es muy dura porque les bloquea incluso los depósitos a los familiares; es decir, son personas que hoy no tienen para comer”, afirmó, destacando la necesidad de dictámenes del Ministerio de Trabajo y decisiones del Banco Central del Paraguay.
Por su parte, el diputado Raúl Benítez confirmó que el impacto directo alcanza a 3.600 trabajadores según el relevamiento presentado por la cartera laboral, y anunció que volverán a convocar a representantes del BCP al considerar que la banca matriz falló en su deber de control durante la absorción de Visión Banco por parte de ueno bank. Según explicó, se ejecutó una maniobra interna para trasladar a los empleados a nóminas de otras empresas del grupo pese a que seguían desempeñando las mismas tareas bancarias.
Benítez indicó que el Poder Legislativo analizará con celeridad el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Senado sobre la administración de estas empresas vinculadas —entre ellas firmas tecnológicas como ITI, que gestiona activos clave como el core bancario—, a fin de determinar el alcance jurídico y patrimonial de la intervención.
A su turno, el diputado Daniel Centurión sostuvo que tanto los ahorristas como los trabajadores fueron víctimas de una estafa en la que existió responsabilidad estatal, por lo que propuso evaluar una ley especial que permita cubrir las obligaciones laborales sin dilaciones burocráticas: “Planteamos como una propuesta concreta que el Estado asuma esa responsabilidad y buscar una ley especial para que esas indemnizaciones sean absorbidas por el Estado de manera inmediata y subsidiariamente después se recuperen esos fondos a través de los responsables”, manifestó, subrayando la urgencia de asistir a miles de cabezas de familia.






















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