El exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó una comunicación urgente ante la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, denunciando represalias institucionales, criminalización de criterios investigativos y persecución penal con motivación política y mediática («lawfare»).
En el documento remitido por derecho propio, el exfuncionario aclaró que la presentación no persigue la suspensión automática de expedientes internos ni su restitución en el cargo, sino activar la función preventiva y de observación internacional para exhortar al Estado paraguayo a garantizar el debido proceso legal, la presunción de inocencia y la autonomía de la investigación fiscal. Asimismo, dejó expresamente resguardada la posibilidad de recurrir ulteriormente ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU bajo el Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A lo largo de su relato circunstanciado, Rolón defendió su trayectoria garantista en la magistratura y sostuvo que, en las pesquisas vinculadas al caso ueno bank, el Ministerio Público bajo su conducción exigió elementos objetivos de sospecha e informes técnicos especializados antes de imputar, logrando la detención de directivos, múltiples allanamientos, el aseguramiento cautelar de bienes y la activación inédita de la Notificación Plateada de Interpol. En ese punto, destacó que los agentes fiscales operativos que dirigieron las diligencias no fueron denunciados, lo que a su criterio demuestra que no existió frustración probatoria sino un ataque dirigido exclusivamente contra su figura.
El escrito identifica como detonante principal de las represalias el estricto resguardo de la dignidad humana y la integridad física aplicado tras la detención del expresidente de la República Santiago Peña. Según expuso Rolón, sectores opositores y críticos exigían públicamente que el exmandatario fuera exhibido esposado y alojado entre presos comunes, condiciones que consideró contrarias a los artículos 7 y 10 del PIDCP y a las Reglas Nelson Mandela.
Respecto a su alejamiento del cargo el pasado 17 de noviembre, el exjefe del Ministerio Público calificó el hecho como una dimisión forzada derivada de una campaña mediática con publicaciones falsas —como supuestos vínculos con estudios jurídicos ya desmentidos— y de un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados. Cuestionó además que, sin que su nota de renuncia dirigida al Poder Ejecutivo fuera aceptada formalmente ni se realizara concurso alguno, se haya instaurado un procedimiento inédito para tomar juramento a la fiscala adjunta Alba Rocío Cantero Vera como encargada de despacho para completar el mandato constitucional que fenece en marzo de 2028.
Por último, Rolón cuestionó las denuncias penales formuladas en su contra por la senadora Yolanda Paredes y la diputada Rocío Vallejo, señalando que fueron presentadas en hojas membretadas del Congreso Nacional y advirtiendo un conflicto de intereses debido al vínculo político y de expareja de una de las denunciantes con una persona procesada durante su gestión, en alusión a Paraguayo Cubas. En el ámbito interno, informó que su defensa técnica ya presentó el descargo correspondiente solicitando la desestimación de la causa por atipicidad conforme al artículo 305 del Código Procesal Penal.






















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