El Poder Ejecutivo debió corregir y replantear su comunicación pública tras la promulgación de la ley que deroga el inciso f) del artículo 33 de la Ley N.º 2828/05 de Turismo.
Inicialmente, las plataformas oficiales del Gobierno informaron de manera errónea que el presidente Santiago Peña había firmado una normativa para eliminar «una carga impositiva del 6%» que las aerolíneas pagaban por cada pasaje en Paraguay, asegurando que esto abarataría las tarifas. Minutos después, el tuit fue borrado y reemplazado por un nuevo texto aclarando que la ley deroga la obligatoriedad de pagar una comisión a las empresas vendedoras de pasajes.
La rectificación del Gobierno se produjo de manera inmediata al reclamo y las aclaraciones técnicas emitidas por los principales gremios del sector. En un comunicado conjunto, la Asociación de Agencias de Viajes IATA del Paraguay (AAVIP) y la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (ASATUR) desmintieron que el 6% mencionado públicamente se tratara de un impuesto o una carga fiscal para las compañías aéreas.
Los referentes aclararon que, en realidad, consistía en una comisión mínima establecida por ley a favor de las agencias locales por la comercialización de los boletos.
Asimismo, los gremios de turismo revelaron que la nueva normativa carece de un impacto real en el funcionamiento diario del sector, contradiciendo la narrativa inicial de la Presidencia.
El documento institucional aclara que las agencias ya habían dejado de percibir dicha comisión de forma voluntaria desde la pandemia del Covid-19 con el fin de apoyar la recuperación del transporte aéreo. Por ende, dado que el beneficio no se aplicaba en la práctica desde hace varios años, la derogación no modifica la estructura operativa actual ni reduce costos que estuvieran vigentes.
Finalmente, las agencias advirtieron con firmeza que la medida sancionada no se traducirá en una baja en el precio de los pasajes para los paraguayos, ya que las tarifas aéreas dependen de las políticas corporativas de cada aerolínea.
En su nuevo pronunciamiento, el Gobierno se alineó a esta visión comercial al sostener que el Estado busca la libre competencia sin intervenir en acuerdos privados. Los gremios concluyeron que los verdaderos desafíos de la competitividad paraguaya pasan por fortalecer la conectividad y generar incentivos para nuevas rutas en lugar de centrarse en burocracias comerciales.
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