La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de Ley que declara en situación de emergencia nacional la seguridad vial en todo el territorio de la República. La iniciativa legislativa, que fue presentada inicialmente por los diputados Hugo Meza y Miguel Del Puerto, quedó aprobada tras un extenso debate y ahora será remitida al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación o rechazo.
Al fundamentar el dictamen favorable de la Comisión de Obras Públicas, su presidente, el senador Natalicio Chase, señaló que la propuesta busca constituirse en una herramienta normativa de carácter excepcional orientada a combatir y reducir los elevados índices de siniestralidad que se registran de forma diaria en el sistema vial del país.
Durante su alocución, el parlamentario destacó que los percances viales afectan a conductores de todo tipo de vehículos y remarcó que la problemática se ve complejizada por el sostenido crecimiento que ha experimentado el parque automotor nacional en los últimos años.
En sintonía, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, intervino desde su curul para manifestar su profunda preocupación por las secuelas de esta problemática, detallando que, en promedio, cuatro personas fallecen diariamente en el país a causa de siniestros viales. Núñez recordó que estos eventos constituyen una de las principales causas de muerte e invalidez en adultos jóvenes y enfatizó que una importante proporción de los pacientes internados en el Hospital de Trauma corresponde a víctimas de accidentes de tránsito.
A pesar del respaldo mayoritario de los legisladores, quienes coincidieron en el severo impacto social y económico que generan los siniestros tanto para el Estado como para las familias afectadas, el proyecto contó con el rechazo del senador José Oviedo. El legislador argumentó que la normativa carece de fundamentos suficientes y sostuvo que las medidas de prevención planteadas bien podrían implementarse a través de los mecanismos administrativos ordinarios que ya se encuentran vigentes en las instituciones del Estado.
La ley sancionada faculta a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial a adoptar medidas administrativas excepcionales y extraordinarias orientadas de forma directa a la prevención, fiscalización, control y reducción de los accidentes de tránsito. Dichas acciones operativas podrán ejecutarse mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, la articulación interinstitucionalizada con otros estamentos públicos y el fortalecimiento de campañas de concienciación y educación vial orientadas a la población.
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