La agente fiscal Rocío González, designada para investigar el cuádruple atraco simultáneo contra entidades bancarias y una casa de cambios en la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, lideró un operativo de allanamiento en las instalaciones de una cantera ubicada en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera. El procedimiento se ejecutó con el objetivo primordial de buscar elementos de convicción que guarden relación directa con la logística, el financiamiento y el suministro de materiales peligrosos utilizados por la estructura criminal internacional que perpetró los ataques.
Los avances investigativos del caso arrojaron un dato técnico determinante proveniente del sistema informático de trazabilidad de la Dirección de Material Bélico. El reporte oficial de la institución militar determinó de manera científica que los explosivos de alta potencia detonados por la banda para destruir las bóvedas bancarias habían sido adquiridos originalmente en el mes de noviembre por la cantera denominada «Ita Bella», ubicada precisamente en la ciudad de Emboscada. Este hilo conductor logístico movilizó de urgencia a la comitiva fiscal-policial desde el este del país hasta la región de Cordillera para intervenir el predio proveedor.
Durante la inspección pormenorizada y el aseguramiento del establecimiento minero, las autoridades procedieron a la incautación de un dispositivo de almacenamiento digital DVR, perteneciente al sistema de circuito cerrado de televisión del lugar. Las imágenes contenidas en el aparato electrónico serán sometidas a un peritaje técnico en el Laboratorio Forense a fin de identificar el movimiento cronológico de personas, operarios y vehículos sospechosos en los días previos y posteriores a los asaltos.
Asimismo, los intervinientes requisaron diversas documentaciones administrativas y libros de registro de la cantera, los cuales serán analizados en detalle para determinar la trazabilidad de las operaciones financieras y las actividades comerciales reales del predio.
En el transcurso de la intervención, las fuerzas del orden identificaron al propietario oficial del establecimiento, quien resultó ser un ciudadano de nacionalidad francesa. Al ser abordado formalmente por la representación del Ministerio Público respecto al funcionamiento y despacho de materiales controlados en el lugar, el extranjero manifestó que una parte del predio se encuentra actualmente bajo un contrato formal de alquiler para el uso de trabajadores explosivistas particulares.
Los investigadores centran ahora sus hipótesis en este grupo de técnicos para identificar quiénes facilitaron los cargamentos a la organización delictiva.
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