Un equipo de agentes fiscales conformado por Rocío González, María del Carmen Meza y Edgar Benítez formuló una imputación formal contra tres presuntos integrantes de la organización criminal de tipo comando que perpetró violentos atracos simultáneos contra entidades bancarias y una casa de cambios en la ciudad de Santa Rita. Los procesados, dos hombres de 23 y 30 años y una mujer de 34 años, enfrentan una expectativa de pena elevada y el Ministerio Público ya solicitó su prisión preventiva.
Los sospechosos fueron capturados el pasado jueves 18 de junio durante un allanamiento fiscal-policial en una vivienda del kilómetro 24, en el distrito de Minga Guazú. De acuerdo con el acta de imputación, se les atribuyen preliminarmente las figuras de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y transgresión a la Ley de Armas, todas en carácter de autores directos. En el sitio de la detención, los investigadores incautaron un automóvil, armas de fuego, chalecos antibalas, pasamontañas, guantes, clavos tipo «miguelito», dinero en efectivo de varias denominaciones y teléfonos celulares.
Los antecedentes del caso se remontan a la madrugada del martes 16 de junio de 2026, alrededor de las 02:00 horas, cuando un grupo de aproximadamente 20 delincuentes encapuchados y fuertemente armados tomó por asalto el centro urbano de Santa Rita. La banda redujo al personal policial de guardia, tomó como rehenes a funcionarios bajo amenazas de ejecución y utilizó artefactos explosivos para irrumpir en las estructuras bancarias y sustraer millonarias sumas de dinero en efectivo. Para asegurar la huida, los delincuentes incendiaron vehículos en puntos estratégicos y esparcieron clavos «miguelito», obstaculizando la persecución de las patrulleras.
La Fiscalía argumentó que la gravedad y la pluralidad de los delitos justifican plenamente la medida de prisión preventiva mientras dure el proceso. Entre los elementos de sospecha colectados hasta el momento se destacan informes periciales de balística y explosivos, actas de la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL) y los materiales logísticos requisados.
Con esta nueva intervención, ya suman cinco los procesados en la causa, recordando que previamente habían sido imputados otros dos hombres en la zona de Cordillera, sospechosos de proveer los insumos y materiales detonantes utilizados para destruir los locales financieros. El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo definitivo.
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