La Administración Nacional de Electricidad obtuvo una resolución judicial favorable en el marco de la lucha contra el fraude energético y la proliferación de establecimientos clandestinos. Tras la conclusión de un Juicio Oral y Público, un Tribunal de Sentencia dictó un fallo condenatorio, imponiendo una pena de dos años de prisión con suspensión a la ejecución de la condena para Cristian Daniel Jara Villalba y Ramón Martínez Morínigo, declarados autor y coautor de la sustracción ilegal de energía eléctrica para actividades de criptominería.
La relevancia de la resolución judicial radica en que el tribunal determinó de forma taxativa que el titular del suministro eléctrico no logró demostrar el desconocimiento sobre la utilización de su propiedad para el montaje de la infraestructura clandestina. Desde la asesoría jurídica de la institución estatal destacaron que este fallo constituye un precedente jurídico contundente en el país, al establecer con claridad que la responsabilidad penal no se limitará únicamente a quienes realizan la manipulación técnica de los cables, sino que alcanzará también a los dueños de inmuebles que faciliten, alquilen o permitan estas operaciones ilícitas en sus predios.
Durante todas las etapas del proceso penal, la ANDE ejerció el rol de querellante adhesivo en defensa del patrimonio público e institucional. La representación legal estuvo a cargo del abogado Víctor Insaurralde, de la Asesoría Legal interna, y del abogado Diego Javier Fernández, perteneciente a la Gerencia Comercial mediante el Departamento de Asistencia Jurídica a Intervenciones Estratégicas (GC/AJE), quienes arrimaron los informes técnicos de carga y consumo que sirvieron como soporte probatorio para los magistrados.
Tras la notificación oficial de la sentencia, las autoridades de la ANDE ratificaron su postura institucional de tolerancia cero ante cualquier tipo de alteración, conexión clandestina o manipulación que ponga en riesgo la estabilidad del sistema interconectado nacional. Asimismo, informaron que continuarán ejecutando intervenciones sorpresivas y fortaleciendo las coordinaciones con el Ministerio Público a fin de asegurar que los grandes consumidores que operan al margen de la ley sean procesados y respondan con sanciones privativas de libertad ante la justicia paraguaya.
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