La audiencia preliminar prevista para este lunes en la causa que involucra a la intendente de Quyquyhó Patricia Corvalán, y a otras 13 personas procesadas por presunta administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal quedó suspendida tras la recusación presentada por Blanca Álvarez viuda de Samaniego.
De acuerdo con la acusación formulada por el Ministerio Público, los procesados habrían integrado un esquema destinado al desvío de más de Gs. 1.100 millones de la Municipalidad de Quyquyhó, hechos que se remontan al periodo en que el actual diputado Esteban Samaniego se desempeñaba como intendente.
El legislador también fue imputado dentro de la investigación. No obstante, el proceso en su contra permanece paralizado debido a que aún conserva sus fueros parlamentarios, ya que hasta la fecha la Cámara de Diputados no resolvió su desafuero, lo que impide que la imputación sea admitida por la Justicia.
En el escrito, la defensa fundamenta el pedido en los numerales 11, 12 y 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal, al sostener que existen circunstancias graves que generan dudas razonables sobre la objetividad e independencia del magistrado.
Entre los principales argumentos, se menciona una presunta animadversión del juez hacia la familia Samaniego, especialmente contra el legislador Esteban Samaniego, quien, según la presentación, promovió acciones en contra del magistrado. A partir de ello, la defensa considera que el juez no ofrece las garantías de imparcialidad necesarias para continuar al frente del expediente.
Asimismo, el documento cuestiona la actuación del juzgado en conjunto con el Ministerio Público y denuncia una supuesta persecución contra las defensas, señalando que se recurrió a amenazas de sanciones procesales y a órdenes de prisión preventiva contra coprocesados sin notificación previa.
Otro de los puntos expuestos hace referencia a un supuesto estado de indefensión, debido a las reiteradas dificultades para acceder al expediente electrónico, situación que, según la defensa, impidió ejercer plenamente el derecho a la defensa técnica.
La recusación también hace alusión a una relación laboral previa entre el juez Osmar Legal y el fiscal de la causa, Silvio Corbeta, quienes integraron anteriormente unidades especializadas del Ministerio Público, hecho que la defensa considera relevante al momento de evaluar la imparcialidad del proceso.
Finalmente, la defensa solicita que la recusación sea admitida, que el magistrado se aparte de la causa, que se suspenda la audiencia preliminar hasta la designación de un juez imparcial y que no se impongan sanciones a los abogados por el ejercicio del derecho constitucional a recusar al juez.
Fuente: Perla Silguero – periodista de Judiciales – Radio 1000
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