Rolando Daniel Martínez, profesional con doble titulación en Derecho y Ciencias Económicas, formalizó la entrega de sus antecedentes curriculares ante el Gabinete de la Secretaría General de la Cámara de Senadores, instancia encargada de recepcionar las carpetas desde el pasado 15 de junio y cuyo periodo de inscripción expira este martes 30 de junio. El llamado se alinea con el cronograma institucional que marca la culminación del mandato del actual contralor, el Dr. Camilo Benítez, fijado para el próximo 1 de noviembre de este año.
Martínez detalló que inició formalmente las gestiones de cabildeo con senadores de los diferentes sectores políticos, apelando a su formación como doctor en Derecho, docente universitario y titular de cuatro maestrías (tres en el ámbito jurídico y una en economía) para consolidar una mayoría. Se trata de la segunda oportunidad en la que el postulante busca acceder al cargo, tras haber integrado dos de las tres ternas sugeridas por el Senado hace cinco años, ocasiones en las que contó con el respaldo técnico de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de bloques de la oposición, aunque finalmente no logró los votos necesarios en la plenaria para avanzar a la Cámara de Diputados.
Dentro de sus ejes de propuesta para el organismo extrapoder, Martínez diagnosticó que la institución se encuentra en un estado estático y con herramientas tecnológicas básicas en comparación con el dinamismo global. El candidato planteó la necesidad de aplicar de forma efectiva la inteligencia artificial para robustecer el control sobre las finanzas de gobernaciones, municipalidades y demás entes del Estado paraguayo. Su plan contempla la capacitación del funcionariado en tecnologías de avanzada y la reestructuración de la plataforma digital para que cualquier ciudadano pueda tramitar denuncias de presuntos hechos de corrupción directamente desde un dispositivo celular de forma ágil.
Asimismo, el proyecto del aspirante enfatiza una fuerte política de apertura hacia la sociedad para contrarrestar el desconocimiento ciudadano sobre las competencias de la CGR. Martínez propuso impulsar un convenio estratégico con el Ministerio de Educación y Ciencias para introducir el control educacional desde las etapas escolares, replicando modelos de países desarrollados donde se instruye a los jóvenes sobre los mecanismos y las instituciones habilitadas para reportar anomalías administrativas.
Conforme al procedimiento legal, tras el cierre de inscripciones se abrirá un periodo de audiencias de aproximadamente 60 días en el Senado, cuerpo que elevará las ternas correspondientes a la Cámara de Diputados para la designación final de los nuevos representantes.
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