En una decisión de enorme trascendencia jurídica y política, la Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó y declaró inconstitucional la orden ejecutiva impulsada por la administración de Donald Trump que pretendía poner fin al derecho histórico a la ciudadanía automática por nacimiento. Mediante un fallo con mayoría de 6 votos contra 3, el máximo tribunal de justicia del país ratificó la vigencia de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, garantizando que casi todos los niños nacidos dentro del territorio estadounidense son considerados ciudadanos, con independencia del estatus migratorio que posean sus progenitores.
La batalla legal en torno a este principio fundamental se inició formalmente el 20 de enero de 2025, coincidiendo con el primer día del segundo mandato presidencial de Trump. En aquella jornada, el jefe de Estado firmó una directiva denominada “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, mediante la cual pretendía establecer que solo recibirían el reconocimiento automático de ciudadanía aquellos bebés que tuvieran al menos un padre ciudadano o residente permanente legal (poseedor de una green card). La medida excluía explícitamente a los hijos de migrantes en situación irregular y a los nacidos de extranjeros con permanencia legal pero temporal, como turistas, trabajadores con visa o estudiantes.
El decreto presidencial activó de forma inmediata demandas de organizaciones civiles y defensores de los derechos de los migrantes, lo que mantuvo la restricción congelada en tribunales inferiores sin que llegara a aplicarse. El proceso tuvo su punto álgido hace un par de meses, a principios de abril, durante una audiencia que pasó a la historia por contar con la inédita presencia en sala del propio Trump —convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en asistir a los argumentos ante la Corte— junto a figuras como la entonces fiscal general Pam Bondi, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el actor Robert De Niro como invitado especial. En dicha instancia, los magistrados ya habían exteriorizado serios cuestionamientos sobre la legalidad del pedido del Ejecutivo.
Finalmente, el fallo emitido este martes desmanteló las pretensiones de la Casa Blanca. El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., argumentó en representación del bloque mayoritario que la orden de Trump vulneraba la interpretación jurídica establecida desde hace más de un siglo a partir de la posguerra civil. Tres de los magistrados de perfil conservador votaron en disidencia, mostrándose favorables a permitir la entrada en vigencia de las limitaciones presidenciales.
“La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, plasmó de forma tajante el magistrado Roberts en el texto resolutivo, rescatando el espíritu de los legisladores que redactaron la Decimocuarta Enmienda constitucional. “Quienes escribieron la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”, concluyó el veredicto definitivo que desestima de raíz la reforma migratoria ensayada por el Ejecutivo.
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