El abogado Guillermo Ferreiro, representante de un grupo de denunciantes del proyecto inmobiliario «Paraíso Verde», cuestionó la actuación del Ministerio Público y aseguró que los principales responsables de la presunta estafa ya abandonaron el país, pese a que las denuncias fueron presentadas hace varios años.
En entrevista con Radio 1000, el profesional sostuvo que las víctimas vienen denunciando desde hace tiempo la desaparición del dinero invertido y reclamando una respuesta de la Fiscalía.
«Años atrás las víctimas ya denunciaban que el dinero había desaparecido, que fueron estafadas y que la Fiscalía no avanzaba con la investigación. Incluso fueron maltratadas y citadas a reuniones que finalmente no se realizaron. Después de mucho tiempo comenzaron las imputaciones, pero ahora los procesados ya no se presentaron a las audiencias y, aparentemente, ya no están en el país», afirmó.
Ferreiro señaló que la mayoría de los afectados son ciudadanos europeos que invirtieron todos sus ahorros con la promesa de adquirir propiedades rurales en el departamento de Caazapá.
«Muchos de los estafados no eran millonarios, pero sí tenían un patrimonio. Vendieron todo lo que tenían en Europa y entregaron sus ahorros con la promesa de recibir inmuebles con ganado y pasturas. Cuando llegaron a Paraguay comprobaron que nada de eso existía. No había títulos de propiedad, los terrenos se inundaban y el proyecto ni siquiera contaba con la aprobación de Catastro», denunció.
El abogado aseguró que existieron advertencias previas sobre la posible salida del país de los imputados e incluso señaló que estos se despidieron públicamente a través de las redes sociales.
«Se avisó con tiempo. Incluso publicaron en redes sociales un mensaje de despedida diciendo: ‘Gracias Paraguay, nos vamos’. Las imputaciones llegaron cuando ya no estaban en el país. La respuesta fue la burocracia», expresó.
Ferreiro adelantó que solicitarán la emisión de órdenes de captura internacional contra los procesados, aunque advirtió que la demora en la investigación dificulta las posibilidades de recuperar el dinero.
Según indicó, las denuncias que representa involucran un perjuicio estimado en unos 20 millones de dólares, aunque afirmó que el monto total de la presunta estafa sería considerablemente superior al incluir a todas las víctimas del proyecto.
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