A seis meses de la entrada en vigencia del Registro Unificado Nacional (RUN), creado bajo la Ley N° 7424, el sector inmobiliario y notarial de Paraguay se encuentra atravesando un escenario marcado por la zozobra y la falta de previsibilidad. Así lo expuso la escribana Katia Ayala, vicepresidente primera del Colegio de Escribanos del Paraguay, en entrevista concedida a Economía A 1000.
La normativa unificó bajo un mismo paraguas tres pilares históricamente independientes del tráfico inmobiliario paraguayo: la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Geodesia. Aunque la fusión institucional planteaba el ideal de modernizar el sistema y optimizar el catastro, el despliegue práctico ha generado profundas preocupaciones entre los operadores del sector.
Ayala describió un panorama de inestabilidad procesal debido al exceso de resoluciones internas, circulares y acordadas que modifican con excesiva frecuencia los requisitos del trámite documental.
«Se dotó de tanta documentación marco, que hoy nos dicta una suerte de formularios y de documentaciones que tenemos que aprender, llenar y hacer correctamente, y mañana nos cambian», lamentó la escribana.
Esta «burocracia dinámica» genera rechazos e interrupciones constantes que dilatan las transacciones inmobiliarias y comerciales de los ciudadanos. Según la referente gremial, el constante cambio de reglas de juego atenta directamente contra la eficiencia que el propio RUN pretendía consagrar en su origen.
Pese a los duros cuestionamientos al actual método de implementación, el Colegio de Escribanos recalcó que el país necesita de manera urgente una actualización estructural.
«No estamos ajenos a que Paraguay necesita no solamente un marco legal, sino también de modernización; necesita un catastro nacional serio y servicios que brinden seguridad jurídica», puntualizó Ayala.
La profesional advirtió que la «simplificación» prometida por el Gobierno terminó en lo contrario. Habló de una «maraña de circulares contradictorias y trabas» que dilatan los procesos. La mayor preocupación del gremio recae en los plazos legales del ámbito registral.
Al retrasarse de manera excesiva e impredecible la inscripción de títulos o emisión de certificados, se pone en grave riesgo la vigencia de los derechos de terceros sobre propiedades y transacciones financieras, dejando expuestos a los ciudadanos a una grave vulnerabilidad legal.
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