El Ministerio de la Defensa Pública presentó una solicitud formal ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral con el objetivo de establecer las condiciones institucionales que permitan garantizar el derecho al sufragio a las personas privadas de libertad bajo el régimen de prisión preventiva. La nota, firmada por el defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, fue ingresada oficialmente ante la autoridad electoral.
El planteamiento institucional se fundamenta en que la prisión preventiva es una medida puramente cautelar que limita la libertad física, pero no extingue la ciudadanía ni sus derechos políticos derivados, al respetarse el principio constitucional de presunción de inocencia. Además, la institución destacó que con la promulgación de la Ley N.º 6971/2022 —que modificó el Código Electoral— se eliminaron las restricciones legales previas, armonizando la legislación nacional con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
La propuesta cobra trascendencia al abarcar a un sector sumamente mayoritario en el sistema penitenciario nacional, donde más del 89% de la población recluida no cuenta con una condena firme y recibe asistencia jurídica de la Defensa Pública.
Para concretar la inclusión electoral de los procesados en futuros comicios, el Ministerio de la Defensa Pública planteó una hoja de ruta con cuatro ejes operativos principales:
- Inscripción y actualización registral: Desarrollo de jornadas técnicas para actualizar el domicilio de las personas privadas de libertad dentro del Registro Cívico Permanente.
- Mesas de votación en penitenciarías: Habilitación e instalación de mesas receptoras de votos adaptadas a los estándares de seguridad, transparencia y secreto del sufragio en los penales.
- Programas de educación cívica: Capacitación e información dirigida a los internos sobre el proceso electoral y el uso de las tecnologías de votación.
- Mesa Técnica Interinstitucional: Conformación de un equipo de trabajo integrado por representantes del TSJE, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia para reglamentar los aspectos operativos y logísticos de los comicios en contextos de encierro.
Discussion about this post