El diputado Daniel Centurión confirmó que se encuentra ultimando los detalles de una iniciativa legislativa orientada a suprimir el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. El parlamentario explicó que el texto final se presentará la próxima semana en la Cámara de Diputados, luego de concluir una ronda de consultas con representantes de diversos gremios que integran la supervisión de la entidad previsional.
Durante sus declaraciones, el legislador señaló que el estamento fue creado originalmente para fiscalizar la gestión administrativa y financiera de la institución, pero que con el paso del tiempo se transformó en una estructura politizada. Según su postura, las designaciones en dicho órgano respondieron históricamente a criterios políticos más que técnicos, derivando en un esquema burocrático que entorpece las decisiones y genera espacio para irregularidades en el manejo de los fondos.
Respecto al aspecto económico, Centurión detalló que el mantenimiento de las dietas y beneficios de los consejeros representa un costo anual cercano a los 2.000 millones de guaraníes para las arcas de la previsional. El diputado planteó que la eliminación de estas erogaciones permitirá destinar esos recursos de manera directa a la adquisición de medicamentos, insumos médicos y a la mejora general de la atención sanitaria prestada a los cotizantes.
En cuanto al impacto institucional y legal, el congresista remarcó que la supresión de esta instancia es jurídicamente viable mediante la promulgación de una nueva ley, ya que el cuerpo colegiado fue establecido bajo ese mismo rango normativo. Asimismo, sostuvo que la eliminación del consejo busca concentrar de manera clara la responsabilidad administrativa en la figura del presidente de la institución, evitando el cruce de acusaciones entre autoridades ante fallas de gestión.
El parlamentario enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría e inspección interna dentro de la entidad para garantizar el uso transparente de los aportes. En ese sentido, hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que ponga en pleno funcionamiento la Superintendencia correspondiente, organismo técnico llamado a ejercer el control de los fondos de la seguridad social.
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