Los agentes fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon la acusación formal contra el exministro Arnoldo Wiens, solicitando al juzgado de la causa la apertura del juicio oral y público. La tesis del Ministerio Público sostiene que, desde su asunción como máxima autoridad del MOPC en agosto de 2018, Wiens ejerció la posición de garante sobre el patrimonio y los activos del proyecto de Bus de Tránsito Rápido, financiado con préstamos internacionales. De acuerdo con el requerimiento, el exfuncionario desplegó decisiones administrativas y omisiones deliberadas que derivaron en la frustración definitiva de la obra pública y la inutilización de infraestructura estatal certificada y abonada.
El primer pilar de la imputación fiscal se centra en la firma del Acta de Entendimiento N.º 2 en octubre de 2018 con la firma Mota-Engil, mediante la cual se modificó el objeto de la licitación para reemplazar la construcción de la línea troncal por tareas de rehabilitación del tránsito. Para habilitar las calzadas, se ordenó el relleno y repavimentación de zanjas técnicas y drenajes previamente certificados, erogando el Estado la suma de Gs. 8.030.693.029 para destruir las obras previas. Asimismo, la Fiscalía cuestiona la omisión de reconducir la obra mediante alternativas viables propuestas por consultoras técnicas y la posterior cancelación unilateral del contrato en febrero de 2020.
Un punto determinante en la acusación responde a la demolición de seis estaciones del tramo tres ordenada entre abril y mayo de 2020, cuyo costo de construcción ascendió a Gs. 6.924.624.006. El Ministerio Público constató que la administración llevó a cabo el desmantelamiento sin elaborar un informe técnico previo de relevamiento exigido por la Procuraduría General de la República para resguardar la posición paraguaya en el arbitraje internacional. A esto se suma la afectación irregular de materiales y despojos del proyecto, los cuales fueron destinados a predios públicos y hospitales sin contar con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo, transgrediendo las exigencias contractuales del financiamiento.
La representación del Estado aclaró que el perjuicio imputado a Wiens se circunscribe estrictamente a las acciones de su administración, totalizando un daño directo de Gs. 14.955.317.035, desvinculándolo del desembolso histórico inicial de la obra. El requerimiento fiscal ofreció un paquete de pruebas que incluye nueve testimonios, 165 evidencias documentales y 17 soportes digitales, presentándose tras cuatro citaciones a indagatoria donde la defensa se abstuvo de comparecer.
Este paso procesal se da en paralelo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el procesado ante la Corte Suprema, donde exige el sobreseimiento definitivo cuestionando que su antecesor en el cargo, Ramón Jiménez Gaona, haya sido liberado de la causa.
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