Los agentes fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle solicitaron la abreviación del plazo procesal y la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento por un año para Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, en el marco de una causa por lesión de confianza que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos.
El pedido fue presentado este jueves 27 de agosto de 2026 ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, dentro de la causa N.º 8.542/2020, caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/ Lesión de Confianza”.
Según el requerimiento fiscal, Alen Guerrero está procesada por su presunta participación, en calidad de cómplice, en un esquema que habría utilizado fondos municipales transferidos al Consejo Local de Salud de Ciudad del Este para la ejecución de obras mediante contrataciones directas o supuestos concursos de ofertas.
La Fiscalía sostiene que la mujer, pese a desempeñarse como contadora y funcionaria municipal, figuraba como representante de M&M Construcciones, empresa que habría sido utilizada como fachada y que, según la investigación, no contaba con capacidad técnica ni registraba compras de materiales compatibles con la ejecución de las obras adjudicadas.
Perjuicio superior a G. 500 millones
Uno de los hechos atribuidos a Alen Guerrero corresponde a un contrato firmado el 1 de diciembre de 2020 para la ejecución de obras en el Pabellón de Trauma del Hospital Regional de Ciudad del Este, cuyo monto total ascendió a G. 3.075.179.485.
De acuerdo con el Informe Técnico N.º 18/2025, la diferencia entre el monto pagado por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas generó un perjuicio de G. 505.154.095 en este contrato.
El perjuicio económico consolidado atribuido en el marco de la causa asciende a G. 757.166.276.
Reconoció los hechos
La Fiscalía fundamentó su pedido de salida alternativa en el reconocimiento realizado por la imputada durante su audiencia indagatoria, llevada a cabo el 13 de agosto de 2026.
Según el requerimiento, Alen Guerrero admitió los hechos investigados, proporcionó información considerada relevante para la investigación y manifestó su conformidad con la aplicación de la salida procesal solicitada.
Los fiscales sostienen además que, al atribuírsele una participación en calidad de cómplice, corresponde una reducción de la expectativa de pena, por lo que esta sería inferior a dos años de prisión. En consecuencia, consideran que se reúnen las condiciones legales para solicitar la suspensión condicional del procedimiento.
Proponen reparación de G. 50 millones
Como parte de las reglas de conducta, la Fiscalía propuso que la imputada realice un pago al contado de G. 50 millones, destinado a una entidad de beneficencia o, en su defecto, a una cuenta judicial, en concepto de reparación del daño social.
También se plantea la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización judicial.
Asimismo, deberá comparecer trimestralmente ante el Juzgado de Ejecución para firmar el libro de control durante el periodo de prueba de un año.
La solicitud queda ahora a consideración del Juzgado Penal de Garantías, que deberá resolver si corresponde admitir la salida alternativa planteada por el Ministerio Público.
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