Helga Lizany Concepción Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, se presentó voluntariamente este miércoles ante la Oficina Regional de Amambay del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional, acompañada de su abogado, Marco Antonio López Bogarín.
Solís Gómez fue imputada junto con cuatro funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una causa que investiga una presunta estructura de infiltración institucional y filtración de información sensible para favorecer a personas vinculadas al denominado Clan Gomes. La Fiscalía también solicitó la prisión preventiva para los cinco procesados.
Según la hipótesis del Ministerio Público, Solís Gómez habría utilizado los vínculos generados durante su desempeño como asistente fiscal para acceder a información reservada y establecer contactos con funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensa Pública y la Senad, con el objetivo de favorecer a personas vinculadas a la estructura investigada.
La investigación incluye el análisis forense de teléfonos celulares, comunicaciones, informes institucionales y otros documentos. Entre los hechos investigados figura el operativo “Sanctus”, realizado en diciembre de 2023 en Pedro Juan Caballero, cuyo objetivo era capturar al brasileño Ronaldo Mendes Nunes, alias “Barba”.
De acuerdo con la Fiscalía, durante ese procedimiento se habría producido una filtración de información que permitió la fuga de Mendes Nunes. La imputación también sostiene que, posteriormente, se habrían realizado gestiones para evitar que quedaran registros que vincularan a Eulalio Gomes con el episodio.
Otro de los puntos mencionados en la investigación corresponde a la causa “Pavo Real I”. Según el Ministerio Público, funcionarios de la Senad habrían intervenido en la elaboración de informes basados en información extraída de teléfonos celulares, en los que presuntamente se omitió identificar expresamente a Eulalio Gomes y su supuesta vinculación con un inmueble denominado “Estancia Negla Poty”.
Además de Solís Gómez, fueron imputados Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas de la Senad; Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, exdirector de Inteligencia; el coronel Aldo Osmar Pintos Martínez, excomandante de Fuerzas Especiales; y Alicia Marlene Vázquez Samaniego, exjefa del Departamento de Investigación de Crimen Organizado.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, agravada por la condición de funcionario público en los casos correspondientes, tráfico de influencias, omisión de funcionario encargado de prevenir y otros hechos punibles, además de presuntas infracciones relacionadas con armas.
La Fiscalía sostiene que la estructura habría utilizado accesos privilegiados y contactos institucionales para obtener información sobre investigaciones y operativos antidrogas, así como para influir en actuaciones judiciales y fiscales. La investigación continúa con la recopilación y análisis de elementos que permitan determinar el grado de participación y las eventuales responsabilidades de cada imputado.
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