El operativo judicial-policial se puso en marcha en cumplimiento de una orden de allanamiento dictada por el juzgado competente para la inspección y verificación del recinto privado. La comitiva investigadora está encabezada por la agente fiscal María Isabel Arnold, de la Unidad Penal N.º 2 Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, junto con personal operativo liderado por el jefe del Departamento contra la Trata de Personas, Humberto Aquino.
Debido a la naturaleza de la causa y a la necesidad de verificar la situación de los ocupantes en el ámbito administrativo, de la intervención participa activamente personal técnico del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Al ingresar al predio ubicado en la zona corporativa de la capital, los intervinientes hallaron a unas 200 personas en el interior del inmueble, por lo que las autoridades procedieron al cierre del perímetro para iniciar la toma de datos, el registro individual y la verificación de sus documentaciones personales y migratorias.
Sobre el alcance de las diligencias en curso, el director de la Dirección de Antisecuestro de la Policía Nacional, Crio. Gral. Insp. Juan Pereira, confirmó de manera preliminar que los elementos colectados hasta el momento apuntan a la configuración de un presunto esquema de trata de personas orientado a la explotación laboral con derivaciones internacionales. Los investigadores buscan determinar si los trabajadores se encontraban operando bajo condiciones de encierro, coacción o sometimiento fuera del marco legal.
El procedimiento se encuentra en pleno desarrollo y los agentes del Ministerio Público junto a la Policía Nacional continúan con la inspección de las instalaciones del edificio, el análisis de las áreas de trabajo e infraestructuras, y la verificación de contratos o registros informáticos.
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