La resolución se concretó tras la audiencia de imposición de medidas en la que el equipo fiscal —integrado por Ingrid Cubilla, José Martín Morínigo, Luis Said y Christian Ortiz— ratificó la necesidad de la reclusión preventiva. Los representantes del Ministerio Público argumentaron que la alta expectativa de pena por los delitos de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, realización por funcionario y omisión de prevenir el narcotráfico genera un inminente riesgo de fuga, además del peligro latente de obstrucción a la investigación por el manejo institucional que ejercían los encausados.
Según la imputación fiscal, la red operaba como una estructura de encubrimiento e infiltración dentro de la propia Senad y el sistema de justicia. En ese entramado, la exasistente fiscal Helga Lizany Concepción Solís Gómez (40), sobrina de «Lalo» Gomes y capturada recientemente en Pedro Juan Caballero, cumplía un rol estratégico. La investigación señala que entre 2019 y 2023 la mujer operó como nexo para direccionar causas, manipular actas policiales —como la modificación para beneficiar con medidas al presunto sicario del PCC Kadú Cezar Machado— y filtrar datos de inteligencia provistos por su entonces pareja, el Cnel. Aldo Pintos.
Entre los hechos atribuidos a los jefes de seguridad figura la colaboración para frustrar la detención del presunto narcotraficante brasileño Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo «Sanctus» en diciembre de 2023, así como maniobras posteriores para desvincular a Eulalio Gomes de dicho escape. Asimismo, el escrito fiscal atribuye al Cnel. Pintos haber gestionado un vehículo judicial vía influencias con la cúpula política del clan, y cita al director general Hugo Baptista (primo de «Lalo» Gomes) por ofrecer presuntamente al parlamentario la venta de un fusil Mauser calibre 7,62 mm de uso exclusivo de las Fuerzas Públicas.
Por su parte, el director de Inteligencia, Cristian Amarilla, y su subalterna inmediata, Alicia Vázquez, están procesados por haber omitido deliberadamente la inclusión de «Lalo» Gomes en el informe final de análisis de datos remitido a la Justicia dentro del emblemático caso «Pavo Real I», referente al esquema de bienes y testaferros de Jarvis Chimenes Pavão en la «Estancia Negla Poty». A pesar de que la defensa de Amarilla ofreció inmuebles en caución y solicitó el arresto domiciliario aludiendo a los riesgos de enviarlo a un penal común por su trayectoria profesional, el magistrado resolvió que la Prisión Militar de Viñas Cue es la única alternativa para garantizar el proceso.
Con la confirmación del régimen de reclusión en Viñas Cue para los tres agentes especiales y la prosecución de las indagatorias a la sobrina del legislador, el Juzgado otorgó al Ministerio Público un plazo de investigación que se extenderá hasta el 15 de marzo de 2027 para la presentación del requerimiento conclusivo.
Discussion about this post