La jornada para el alto funcionario se inició a primeras horas de la mañana, cuando se presentó de forma voluntaria ante la sede del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional en Asunción. Sobre Hugo Baptista Báez pesaba una orden de detención dictada el pasado lunes 14 de septiembre, en el marco de la causa abierta por su presunta participación en una red de protección e infiltración institucional al servicio del denominado «Clan Gomes», estructura dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos.
De acuerdo con la imputación formulada por los agentes fiscales Ingrid Cubilla, José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Luis Said, el exjefe de la Senad habría aprovechado su posición jerárquica y su relación de parentesco —al ser primo hermano del extinto legislador— para favorecer los intereses de la organización criminal. Entre los hechos atribuidos figura la colaboración en la huida del presunto narcotraficante brasileño Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo «Sanctus» en diciembre de 2023, período en el cual mantuvo un fluido cruce de llamadas y mensajes de WhatsApp con el parlamentario.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que Baptista Báez omitió abrir investigaciones para esclarecer dicha fuga y la conexión entre el prófugo y su primo. A esto se suma la imputación por tráfico ilícito de armas, acusándolo de haber ofrecido en venta al diputado Gomes, en octubre de 2022, un fusil de asalto Mauser de calibre $7.62 \times 51\text{ mm}$ OTAN, armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Públicas que presentaba modificaciones irregulares en sus componentes originales.
Durante la audiencia de medidas, la defensa técnica solicitó el arresto domiciliario argumentando que el encausado se presentó espontáneamente, ofreció cauciones reales y padece de diabetes insulinodependiente. Sin embargo, el juez Otazú desestimó los planteamientos al considerar que la gravedad del eventual concurso de delitos —asociación criminal, omisión de evitar un hecho punible y tráfico de armas—, sumada a la capacidad de influencia del procesado dentro de los circuitos de inteligencia, representan riesgos concretos de fuga y entorpecimiento.
Con la remisión del exjefe policial a la prisión militar de Viñas Cué, el Ministerio Público dispondrá de un plazo que se extiende hasta el 15 de marzo de 2027 para reunir los elementos probatorios y presentar el requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria.
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