El juez penal de garantías Osmar Legal dispuso una serie de diligencias clave en el marco del proceso penal conocido como el caso «Filtraciones», expediente que investiga una supuesta red de complicidad e infidencia instalada dentro del sistema de justicia para beneficiar al denominado Clan Gomes. En la jornada, la magistratura llevó a cabo el acto formal de juramento de peritos con el objetivo de iniciar la extracción de datos de los dispositivos móviles incautados durante los procedimientos de la causa.
De acuerdo con lo detallado por el magistrado, la perito designada analizará los teléfonos incautados del poder de los imputados Aldo Pinto, Cristian Amarilla y Alicia Marlene Vázquez, así como un aparato secuestrado durante el allanamiento a la propiedad de Helga Lizany Solís Gómez. Las pericias telefónicas buscan confirmar las sospechas de la Fiscalía respecto al flujo de información reservada y la coordinación de estrategias procesales entre los investigados.
De manera simultánea, el juzgado resolvió modificar el lugar de reclusión de Helga Solís Gómez, disponiendo su remisión a la Penitenciaría – Centro Penitenciario de Mujeres – de Emboscada (COMPLE). La resolución judicial se emitió en respuesta a una nota remitida por la Dirección Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, donde las autoridades policiales señalaron que no disponen de retención temporal ni infraestructura idónea para albergar detenidos por tiempo prolongado, sumado a que en dicha unidad se maneja información sensible de inteligencia.
El magistrado explicó que el periodo inicial de permanencia en la sede policial coincidía con la solicitud de la propia defensa técnica de la imputada, que había pedido un plazo de diez días para munirse de las copias del expediente antes de prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público. Al haber transcurrido dicho plazo y confirmarse la imposibilidad operativa de la Policía para mantenerla en sus dependencias, el juzgado libró los oficios para que la Policía y las autoridades penitenciarias ejecuten el traslado al penal de mujeres.
Según la imputación sostenida por los fiscales Ingrid Cubilla, Luis Said, Christian Ortiz y José Morínigo, Helga Lizany Solís Gómez habría actuado entre 2019 y 2023 como operadora de confianza del Clan Gomes desde su posición de asistente fiscal. La acusación sostiene que la funcionaria servía como nexo estratégico para filtrar datos de operativos, direccionar causas penales y facilitar contactos con magistrados, fiscales y defensores públicos con el propósito de blindar judicialmente al entorno de «Lalo» Gomes.
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