El escenario político en España ingresó en una fase de resolución anticipada tras el anuncio formulado desde el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. El mandatario oficializó la disolución de las Cortes Generales (el Parlamento español) y la fijación de elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre de 2026, agotando el plazo de 54 días fijado por la legislación electoral de ese país europeo.
El detonante directo del fin de la legislatura fue la votación registrada el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, donde el oficialismo no logró convalidar dos decretos leyes clave sobre el sector inmobiliario. La negativa del Partido Popular (PP), Vox y UPN, sumada a la postura en contra del partido independentista catalán Junts per Catalunya —aliado clave del Gobierno desde 2023—, dejó expuesta la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo al perder la votación y bloquear las medidas que buscaban congelar desahucios e imponer restricciones a fondos de inversión.
La fallida ofensiva legislativa del Gobierno intentaba responder a una creciente ola de indignación social desencadenada por el desalojo policial de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años retirada en camilla de la vivienda en la que residió por más de 70 años, luego de que un fondo inversor comprara el inmueble e intentara elevar el alquiler en un 275%. El caso desató acampadas multitudinarias en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y marchas en más de una docena de ciudades españolas reclamando soluciones habitacionales.
Durante su declaración institucional, Sánchez cargó contra la postura de la oposición y justificó la convocatoria a las urnas argumentando la necesidad de «renovar y ampliar el apoyo de la gente» para vencer el bloqueo del Congreso. Por su parte, el líder del Partido Popular y principal figura de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, celebró el llamado a comicios sosteniendo que la crisis de vivienda responde a la falta de oferta e inversión durante la gestión socialista y afirmando que «por fin los españoles volverán a hablar en la mayoría».
Como maniobra previa a la disolución parlamentaria, el Gobierno en funciones prevé aprobar nuevamente los decretos en Consejo de Ministros para remitirlos a la Diputación Permanente —órgano de guardia del Congreso— intentando convalidar el paquete de protección a inquilinos antes de las elecciones. Así, España encara un decisivo periodo de campaña donde la crisis del costo de vida y el acceso a la vivienda se convertirán en el eje central de la contienda política.
Discussion about this post