El exvicepresidente de Ueno Bank Julio Rey Fernández, se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público y entregó una serie de documentos relacionados con operaciones financieras bajo sospecha, depósitos de grandes sumas de dinero, movimientos de empresas vinculadas y bienes inmuebles cuya procedencia y titularidad deberán ser verificadas por los investigadores.
La declaración se produjo a pedido de su propia defensa y permitió incorporar nuevos elementos a la investigación sobre las operaciones que rodearon el deterioro financiero de la entidad. Entre la documentación presentada figuran balances, registros de movimientos empresariales y datos sobre propiedades que podrían aportar información para reconstruir el circuito de los fondos.
Según lo expuesto ante la Fiscalía, algunos depósitos habrían sido utilizados para aparentar un mayor respaldo de capital y proporcionar liquidez a un banco que ya atravesaba dificultades financieras. Se trata de operaciones que ahora deberán ser examinadas para determinar su origen, destino y eventual responsabilidad de los involucrados.
Durante su comparecencia, Rey Fernández también hizo referencia a un documento interno denominado «Delirio Colectivo«. Según su relato, después de la elaboración de ese informe fueron apartados dos directivos que habían manifestado cuestionamientos sobre determinadas situaciones dentro de la entidad.
El abogado Guillermo Ferreiro, representante legal del exdirectivo, explicó que su cliente también había advertido irregularidades durante el ejercicio de sus funciones. Por ese motivo, solicitó informes y explicaciones sobre algunas operaciones, aunque las respuestas que recibió no le resultaron satisfactorias.
Ferreiro reconoció que Ueno Bank atravesaba problemas concretos de liquidez antes de su caída y señaló que Rey Fernández tenía conocimiento de informes internos que recomendaban adoptar medidas correctivas. Sin embargo, aclaró que su defendido desconocía la existencia del denominado informe Rivarola, relacionado con las tareas de supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP).
El representante legal también precisó que Rey Fernández dejó el directorio antes del anuncio del BCP, el 3 de noviembre, sobre el inicio del proceso de resolución de Ueno. Posteriormente, continuó trabajando en otra empresa del mismo grupo económico, aunque, según Ferreiro, ya no tenía responsabilidades administrativas dentro del banco.
Pedido de mayor seguridad en Tacumbú
En paralelo, la defensa solicitó expresamente que se refuercen las medidas de seguridad para el exvicepresidente, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú. El pedido se realizó mientras la Fiscalía analiza los documentos aportados. Hasta el momento, no trascendieron amenazas concretas contra Rey Fernández ni se precisaron las medidas adicionales que podrían implementarse.
Ferreiro sostuvo que su cliente está dispuesto a responder por las decisiones y operaciones en las que tuvo participación efectiva, pero rechazó que se le atribuyan hechos ajenos a sus responsabilidades dentro de la entidad.
Además, aseguró que el exdirectivo mantiene su disposición a colaborar con la investigación y aportar información que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y contribuir a la recuperación de los fondos de los depositantes y de las demás personas afectadas por la crisis de Ueno Bank.























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