El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, acudió ante la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional para justificar la solicitud de un incremento del 15,5% en los recursos asignados a su cartera, situando la meta presupuestaria en torno a los USD 100 millones.
Durante su informe de gestión, el titular del Ministerio de Justicia repasó las intervenciones ejecutadas en el marco de los operativos “Umbral”, destacando la reubicación, separación y clasificación de 2.800 personas privadas de libertad sin que se registraran fugas ni incidentes de seguridad. En ese sentido, resaltó la transformación del penal de Tacumbú hacia un Centro Nacional de Prevención y la preparación operativa para poner en marcha tres nuevas penitenciarías con capacidad para 4.000 reclusos.
Al abordar el impacto financiero que representan las poblaciones carcelarias para el tesoro público, el ministro detalló que el mantenimiento mensual de cada interno le cuesta al Estado un promedio de G. 1.800.000. Este monto engloba los gastos de alimentación, agua, electricidad, cobertura sanitaria, traslados procesales y el despliegue del personal de custodia.
Nicora argumentó que el Ministerio de Justicia constituye un pilar esencial en el esquema del Consejo de Defensa Nacional y del Plan Nacional de Seguridad, por lo que resulta indispensable acortar la brecha presupuestaria frente a instituciones como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa. Remarcó además que en el último año ingresaron 1.300 nuevos reclusos al sistema, superando el promedio histórico de 900 incorporaciones anuales debido al incremento de las aprehensiones policiales.
En relación con las alternativas a la prisión preventiva, el secretario de Estado informó que el Sistema de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) cuenta con aproximadamente 900 tobilleras electrónicas disponibles para su aplicación por orden judicial. Explicó que estos dispositivos no solo rastrean al imputado, sino que incluyen una aplicación telefónica para la víctima que activa alertas automáticas al 911 y al Grupo Lince en caso de que se vulneren los cercos perimetrales.
Por último, el ministro planteó explorar nuevas tecnologías para supervisar las cerca de 8.000 prisiones domiciliarias vigentes en el país, sugiriendo el uso de teléfonos inteligentes con reconocimiento facial y georreferenciación aleatoria. En el ámbito civil, también destacó el avance en la digitalización del Registro del Estado Civil, buscando que la expedición de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción pueda concretarse en una sola gestión a través del uso de inteligencia artificial.
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