El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social resolvió cancelar el vínculo laboral de dos funcionarios destinados al servicio de asistencia móvil en Itapúa.
Las intervenciones se concretaron en la estructura de la Séptima Región Sanitaria tras un proceso de revisión sobre los vales y la carga de combustible asignados a dos unidades de ambulancia dependientes de la Unidad de Salud de la Familia de la localidad de Cambyretá.
Durante los cotejos técnicos y auditorías de flota, los evaluadores constataron marcadas diferencias e inconsistencias entre los tickets de compra presentados, las rendiciones de cuentas formales, las hojas de ruta y el kilometraje real marcado por las computadoras de a bordo de los vehículos asistenciales.
Ante la presunción de irregularidades en el manejo de los recursos públicos, las actuaciones administrativas fueron derivadas a la Asesoría Jurídica de la cartera sanitaria. Tras el dictamen técnico correspondiente, el ministro Isaías Fretes firmó la Resolución N.º 279/2026 que dejó sin efecto los contratos de ambos involucrados.
En paralelo a la vía administrativa, la Dirección de la Séptima Región Sanitaria presentó la denuncia formal ante la unidad penal de turno del Ministerio Público en Itapúa. La representación fiscal tendrá a su cargo la investigación para determinar si los actos configuran hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
Desde la conducción del Ministerio de Salud enfatizaron que los controles y arqueos sobre el uso de combustible y bienes del Estado continuarán de forma aleatoria en las distintas regiones sanitarias del país.
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