El ministro de Interior Enrique Riera, reclamó una mayor aplicación de las tobilleras electrónicas para controlar a los denunciados por violencia familiar y garantizar la protección de las víctimas.
Según sostuvo, las órdenes de alejamiento tradicionales son difíciles de hacer cumplir y la respuesta del Estado depende de una coordinación efectiva entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
«Las órdenes de alejamiento y de restricción de otras épocas son casi incontrolables», afirmó Riera al explicar los motivos por los que impulsa el uso de estos dispositivos. En ese sentido, advirtió que, ante una situación de violencia, la distancia establecida judicialmente no garantiza que la Policía pueda llegar a tiempo para evitar una agresión.
El ministro defendió el monitoreo electrónico como una herramienta de prevención. Explicó que, cuando se coloca una tobillera al presunto agresor, la víctima recibe un teléfono que le permite conocer su ubicación en tiempo real. El sistema busca alertar sobre posibles incumplimientos del perímetro de exclusión y facilitar una intervención policial inmediata.
«Lo que queremos es que el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior nos pongamos de acuerdo en darle tobillera a aquellos violentos para proteger a la víctima», señaló.
El ministro también se refirió a la utilización de tobilleras en causas de alto perfil y mencionó el caso de Cucho, cuya situación le generó interrogantes cuando supo que tenía colocado uno de estos dispositivos.
«Hay que graduar la pena en función de la amenaza», afirmó Riera, al diferenciar los casos en los que considera apropiado el monitoreo electrónico de aquellos en los que entiende que corresponde una medida más severa.
Riera informó que actualmente hay 255 personas con tobilleras electrónicas en el país, de las cuales 53 están vinculadas a casos de violencia doméstica.
La cifra, según el ministro, muestra que el sistema todavía tiene margen para ampliar su utilización en situaciones en las que se busca proteger a mujeres que cuentan con medidas judiciales de restricción.
El funcionario sostuvo que existen alrededor de 1.000 dispositivos disponibles y que el plan piloto contemplaba esa cantidad. Sin embargo, afirmó que el número de equipos utilizados nunca superó los 200, antes de mencionar el registro actual de 255 personas monitoreadas.
Por otra parte, Riera reveló que entregó a la Cámara de Diputados un proyecto de modificación de la ley para impulsar cambios en el uso de las tobilleras electrónicas.
La iniciativa busca reforzar la utilización de estos dispositivos en casos de violencia y establecer criterios que permitan mejorar la protección de las víctimas. No obstante, el ministro sostuvo que los jueces ya cuentan con facultades para revisar las medidas cautelares y disponer el monitoreo electrónico cuando lo consideren pertinente.
«Hoy, sin ley, el juez puede llamarle a este que le dio restricción de acercamiento y decirle: ‘Hermano, las cosas cambiaron'», afirmó.
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