El fiscal de Delitos Económicos Néstor Coronel investiga al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, tras una denuncia por presuntos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias, administración en provecho propio y cobro indebido de honorarios, relacionados con la incorporación de funcionarios al Poder Legislativo.
La investigación, abierta en junio pasado, busca determinar si se produjeron irregularidades en el ingreso de casi 800 funcionarios durante la administración de Núñez. El Ministerio Público ya recibió informes del Senado con datos sobre las personas contratadas, nombradas y comisionadas durante su gestión.
La denuncia fue presentada en mayo por el abogado Francisco Rubén Penayo, quien sostiene que la incorporación de funcionarios respondería a un “sistema de privilegios arbitrarios”.
Según el escrito, inicialmente se identificaron 795 incorporaciones, de las cuales 358 corresponderían al Congreso Nacional y 437 a la Cámara de Senadores. Sin embargo, tras una depuración de los datos, el denunciante determinó que el total sería de 792 funcionarios.
Con la documentación remitida por el Poder Legislativo, la Fiscalía deberá analizar las condiciones de ingreso de cada persona, las funciones que desempeña, el cargo que ocupa y si presta servicios en la institución o se encuentra comisionada a otra dependencia.
Denuncian diferencias salariales y posible perjuicio patrimonial
De acuerdo con el análisis presentado por Penayo, los funcionarios incorporados durante la actual administración percibirían, en promedio, G. 5 millones más que los trabajadores antiguos. La diferencia llegaría hasta G. 12.379.500 en determinados niveles, como el de Profesional I.
El abogado sostiene que las diferencias salariales analizadas representarían un excedente de G. 9.653 millones. Según su estimación, si se proyecta ese monto durante los dos años restantes de la administración, hasta junio de 2028, el potencial perjuicio patrimonial ascendería a G. 19.306 millones.
Asimismo, el denunciante calcula que el presunto perjuicio anual por el pago de salarios a los nuevos funcionarios alcanzaría G. 40.610 millones, según los datos expuestos en su presentación.
Estas cifras forman parte de los argumentos de la denuncia y deberán ser contrastadas en el marco de la investigación fiscal.
Señalan concentración de funcionarios en Presidente Hayes
Otro de los puntos cuestionados por Penayo es la procedencia geográfica de los funcionarios incorporados. El abogado señala una concentración de nombramientos en el departamento de Presidente Hayes, de donde es oriundo Núñez y donde tiene una importante base de actividad política.
Según los datos incluidos en la denuncia, 41 personas serían de Villa Hayes, ocho de Benjamín Aceval, cinco de Nueva Asunción, cuatro de Fortín José Falcón, tres de Nanawa y una de Teniente Esteban Martínez.
Para el denunciante, esta distribución evidenciaría una presunta concentración de asignaciones presupuestarias en zonas de influencia política del titular del Congreso, lo que, a su criterio, podría estar relacionado con fines político-partidarios y eventuales cuestionamientos sobre la idoneidad de los funcionarios.
Penayo sostiene que, de comprobarse el uso de recursos públicos para favorecer intereses partidarios, se estaría desviando el propósito de los fondos estatales, que deben destinarse al interés general.
La Fiscalía deberá determinar si existieron irregularidades en las incorporaciones, las condiciones de contratación y la utilización de recursos públicos. Hasta el momento, los hechos mencionados constituyen aspectos denunciados que deben ser esclarecidos durante la investigación.
Fuente: Última Hora
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