El abogado y exsenador Adolfo Ferreiro cuestionó el uso de la figura de la pérdida de investidura en el Congreso y advirtió que su aplicación, al margen de los principios constitucionales, puede debilitar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.
En entrevista con Radio 1000, Ferreiro sostuvo que el problema trasciende el perjuicio que una decisión de este tipo pueda ocasionar a un legislador y afecta al funcionamiento de las instituciones de la República.
“Me preocupa la destrucción de la institucionalidad de la República”, afirmó, al cuestionar prácticas que, a su criterio, responden a decisiones políticas antes que a procedimientos jurídicos debidamente establecidos.
El exsenador explicó que, desde su perspectiva, las cámaras del Congreso no pueden disponer arbitrariamente de la titularidad de sus miembros, debido a que los conflictos relacionados con la condición de legislador y los procesos electorales corresponden al ámbito de la Justicia Electoral.
Asimismo, diferenció la pérdida de investidura del juicio político. Recordó que la Constitución establece expresamente qué autoridades pueden ser sometidas a este último procedimiento y señaló que los legisladores no figuran entre ellas.
Ferreiro argumentó que, ante hechos que pudieran constituir delitos, corresponde la intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial. En ese contexto, sostuvo que el desafuero permite que un legislador sea sometido a la Justicia y planteó que las consecuencias sobre su investidura deben analizarse conforme al marco constitucional y legal aplicable.
El abogado también extendió sus críticas al sistema institucional paraguayo y cuestionó distintas disposiciones constitucionales y legales, así como cambios en el sistema electoral y de partidos políticos, que considera perjudiciales para el funcionamiento de la democracia.
Finalmente, lamentó lo que describió como una creciente desconsideración hacia las normas institucionales y advirtió que el debilitamiento de estos principios compromete la consolidación de una República democrática y el respeto al Estado de derecho.
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