El abogado Francisco Segura, especialista en derecho civil, recomendó a los ahorristas de Ueno Bank mantener la calma y evitar recurrir apresuradamente a supuestos mecanismos legales que prometen acelerar la recuperación de sus depósitos. No obstante, consideró que existen fundamentos para analizar futuras acciones civiles contra funcionarios que habrían incurrido en negligencia en el ejercicio de sus funciones.
Durante una entrevista con Radio 1000, Segura advirtió sobre la aparición de abogados que ofrecen supuestos atajos judiciales, mediante acciones penales o procedimientos que prometen recuperar más rápidamente el dinero de los afectados.
«Primero hay que mantener la calma, que la gente no salga corriendo», expresó, al tiempo de señalar que, según las estimaciones difundidas sobre el proceso de resolución de la entidad, aproximadamente el 97% de los ahorristas podría recuperar sus depósitos.
Sin embargo, aclaró que la devolución del dinero no necesariamente reparará todos los perjuicios ocasionados por la crisis financiera. En ese sentido, sostuvo que tanto los grandes depositantes que eventualmente no recuperen la totalidad de sus fondos como aquellos que sufran daños económicos durante el proceso podrían estudiar la posibilidad de promover acciones civiles de responsabilidad funcionaria.
El profesional explicó que estas demandas podrían dirigirse contra funcionarios que presuntamente incumplieron sus obligaciones de control y vigilancia, bajo figuras jurídicas como la culpa en la vigilancia o el notable abandono de deberes.
Como sustento legal, mencionó el artículo 39 de la Constitución Nacional y el artículo 1846 del Código Civil, disposiciones que, según explicó, permitirían reclamar responsabilidad directa de los funcionarios involucrados y subsidiaria del Estado.
«Con la información hoy disponible, creo que no queda ninguna duda, a ras de un ciego podría no ver que hubo negligencia funcionaria», manifestó, aunque aclaró que será necesario estudiar en detalle quiénes serían los responsables.
Segura también consideró que las eventuales demandas civiles deberían apuntar a que quienes ocasionaron el perjuicio respondan con su propio patrimonio y no se limiten únicamente a enfrentar sanciones penales o administrativas.
«No es correcto que vayan, purguen, paguen algunas multas, purguen algunos años de cárcel y después salgan a vivir como personas adineradas. Estas personas tendrían que devolver, tendrían que quedar con foja cero en su patrimonio», sostuvo.
Finalmente, insistió en que los afectados deben actuar con prudencia, esperar el desarrollo del proceso de devolución de depósitos y, posteriormente, evaluar las acciones civiles que correspondan para reclamar por los daños económicos sufridos.
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