El presidente de la República Santiago Peña, objetó el proyecto de ley 7328 «del agente penitenciario», argumentando que pretende instaurar un servicio general penitenciario (Segepe).
«Presenta importantes e insalvables cuestionamientos en cuanto a la idoneidad de los medios propuestos para el logro de los objetivos, los costos asociados, así como la viabilidad y efectividad de la implementación», expresa parte del Decreto.
Para el Ejecutivo, la iniciativa tiene buenas intenciones, pero existen riesgos en el aspecto financiero y por ende, en la práctica, lo cual compromete la efectividad.
El impacto presupuestario del plan legislativo sería de Gs. 112.850.000.000, solamente en el primer año, lo que significa que se incorporarán 1.135 personas como funcionarios permanentes y 227 con cargos de directores.
Detalla que afectaría la sostenibilidad fiscal, ya que “la creación de nuevas estructuras, incrementos de beneficios, escalafón penitenciario, entre otros que pretende el proyecto de ley sancionado, incrementaría el gasto público sin una contrapartida de ingresos que garantice el financiamiento”, recomendando el veto total del proyecto de ley.
En otro punto, el decreto refiere que el dictamen de la Dirección General de Presupuesto del Viceministerio de Administración Financiera se expide en términos similares, mencionando que la ley sancionada no fue canalizada a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Asimismo, no se observa cuadros de programación de ingresos ni de gastos presupuestarios, por lo que no se puede determinar con exactitud el impacto financiero de su implementación.
El proyecto de ley sancionado y objetado vuelve al Congreso Nacional en donde los senadores y diputados deberán analizar si aceptan o rechazan el veto del Ejecutivo. Para el rechazo se requiere que ambas cámaras estén de acuerdo, mientras que si es una sola, pasa al archivo.
